Antes de la pandemia ya eran necesarias varias reformas estructurales para que la economía ecuatoriana sea viable. La pandemia agudizó los problemas fiscales, sanitarios y sociales, por lo que esas reformas se convertirán en la piedra angular de la agenda del nuevo gobierno a partir del 24 de mayo.
La población del país aún no está consciente de la magnitud de la crisis y menos de los ajustes que se deberán implementarse, ya que su prioridad es conseguir un empleo y ver cómo hace para vivir el día a día. En medio de la campaña electoral, los dos candidatos finalistas tampoco han profundizado en las soluciones. Sin embargo, cuando uno de ellos llegue al poder se enfrentará con una serie de problemas que requerirán reformas inmediatas, pero que darán frutos en el mediano plazo.
A Ecuador, al igual que a la gran mayoría de países de América Latina, la pandemia le tomó con las defensas bajas, sin ahorros y más endeudado. Eso dejó a las autoridades sin espacio fiscal para ayudar a la gente y a las empresas en medio de la pandemia, lo que se tradujo en una caída del 8,9% del producto interno bruto (PIB) el 2020, por encima del promedio regional.
La recesión del 2020 fue del 7,4% en América Latina, el peor desplome anual desde 1821, recordó el sábado pasado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y añadió que para la recuperación pospandemia serán clave reformas fiscales.
Esta puntualización que hace el BID es importante para Ecuador, que necesitará ayuda y cooperación internacional para salir de la crisis. No hay que olvidar que, durante el año pasado, el financiamiento que llegó al país fue básicamente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de organismos multilaterales como el BID, Banco Mundial o CAF. Solo este año se necesitarán créditos por USD 8 000 millones; los multilaterales aportarían con el 70%.
En otras palabras, si Ecuador quiere acceder a crédito de largo plazo y bajas tasas de interés durante este y los próximos años necesitará llegar a un acuerdo con el FMI. Y para eso deberá armar un programa económico que incluya reformas fiscales, garantice la independencia del Banco Central y revise la normativa tributaria, ya que todavía existe espacio para mejorar la eficiencia de las finanzas públicas.
A nivel regional, el BID cree que los gobiernos podrían ahorrar hasta un 4,4% del PIB con un mejor direccionamiento de los programas de transferencia sociales, emparejando los salarios públicos con los del sector privado, optimizando las compras gubernamentales, eliminando exenciones tributarias que no llegan a los más pobres, entre otras. Ese ahorro puede significar USD 4 000 millones anuales para Ecuador.
El BID también pide respetar y mantener la independencia de los bancos centrales. Para el caso ecuatoriano, eso pasa por aprobar la Ley de Defensa de la Dolarización.
El nuevo Gobierno necesitará el apoyo de los multilaterales, lo que hará inevitable que las reformas pendientes se concreten.