La noticia cayó como una bomba, Carlos Luis Morales, vieja gloria del fútbol ecuatoriano y prefecto del Guayas por el Partido Social Cristiano, murió repentinamente de un infarto fulminante.
Entre el desconcierto y el pesar, también hubo quienes ponían en tela de duda la veracidad de la noticia, unos insinuando que el prefecto habría fingido su muerte para escapar de la justicia y otros que no estaban convencidos de que ésta haya sido por causas naturales. Y es que Morales estaba siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias a través de una red de empresas creadas para suscribir contratos con la prefectura para la adquisición con sobreprecio de mascarillas y trajes de bioseguridad para combatir los contagios en la pandemia. Los representantes de esas compañías eran sus hijastros, ahora prófugos, mientras él había sido obligado a utilizar grillete electrónico.
No pretendo discutir aquí si Morales era o no culpable – esperemos que la justicia lo determine a su debido tiempo-, sino sobre el porqué de las dudas relacionadas a su muerte y creo que la respuesta está en como percibimos los ecuatorianos a los políticos y a los funcionarios públicos.
De acuerdo al Informe 2018/19 del Barómetro de las Américas, a la pregunta de cuán corruptos cree que son los políticos en el país casi un tercio de los entrevistados responde que todos los políticos lo son y otro tercio dice que lo son más de la mitad. Es decir, casi dos de cada tres ecuatorianos (el 64.3%) opinan que más de la mitad o todos los políticos están involucrados en corrupción. Si a esto se le suma las personas que contestaron “la mitad de los políticos”, el 88.1% percibe que la mitad, más de la mitad o todos los políticos son corruptos.
En cuanto a lo generalizada que encuentran los ecuatorianos la corrupción entre los funcionarios públicos, el 45,7% de los entrevistados la percibe como muy generalizada y un 22% como algo generalizada. Igual que en la pregunta anterior, vemos que casi dos de cada tres ecuatorianos perciben a la corrupción como muy o algo generalizada entre los funcionarios públicos del país.
Frente a los continuos escándalos de corrupción durante la pandemia, lo que no solo deja ver lo corrompido, sino también la miseria de los involucrados, estos porcentajes seguramente han aumentado, lo que explicaría que se desconfíe aún de la muerte de un ser humano por el hecho de ser un funcionario público al que se investigaba por corrupción.
Así, es imperativo que la justicia agote todos sus recursos, tanto para determinar responsabilidades en los delitos de los que se acusaba al prefecto y a sus allegados como para que queden totalmente claras las causas de su muerte.
En definitiva, que haya total transparencia para no llegar a dudar hasta de la muerte.