Andrés Vallejo

Condena al abuso del poder

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Viernes 11 de septiembre 2020

La sentencia dictada por los jueces, en todas las instancias judiciales posibles, castiga la violación de la ley y la corrupción en que incurrieron funcionarios públicos y empresarios privados. Es una condena a actos que se derivan del abuso del poder, utilizado, en este caso, para el financiamiento de la actividad política del partido de gobierno. Los funcionarios públicos extorsionan a los empresarios para que contribuyan, puede que también a su bolsillo, a cambio de favores, preferencias o contratos y estos aceptan. Pecado de ida y vuelta.

Desde el poder se puede obligar o chantajear organizadamente cuando no hay controles. Cuando hay concentración de poder en una sola persona o un solo partido. Cuando todas las instancias del gobierno están en una sola mano, no hay controles ni hay temores. Si el Contralor General es designado por el Presidente de la República, no vigilará el buen y correcto uso de los recursos públicos, sino que obedecerá órdenes superiores que permiten delinquir o no aplicar normas adecuadas de control que impidan el perjuicio a los fondos públicos. Y, además, un funcionario así, tiene posibilidad de cobrar los favores que hace, creando dificultades, reales o imaginarias, para luego ofrecer soluciones.

Si los Superintendentes, el Procurador y más funcionarios de control sirven al gobierno y a los diversos intereses en juego en lugar de controlarlos, es imposible que no hayan abusos y corrupción.

Si se inventan organismos como el impresentable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cooptándolo desde el gobierno, éste alcahuetea designando como funcionarios de control a quienes el gobierno quiere, para que se hagan de la vista gorda.

Si los jueces son designados previo visto bueno de los asesores del Presidente de la República, tachando a los que no son confiables para sus intereses, se prostituye la administración de justicia, se politiza la justicia, se judicializa la política y la impunidad cunde.

Sin equilibrio de poderes, para que los pesos y contrapesos indispensables en una democracia funcionen, no se pueden evitar los abusos, los excesos y la corrupción.

La sentencia dictada contra los expresidente y vicepresidente y funcionarios de su entorno íntimo, es una condena a actos ilegales y corruptos y, también, al abuso del poder, y no es sino una minucia comparada con el despilfarro general y la corrupción en los grandes contratos. Quienes debían nombrar a los funcionarios de control eran nombrados por el gobierno y los así designados obedecían y se aprovechaban Al reformarse las leyes para agilitar la contratación, privando a la Contraloría de los instrumentos de control, con más recursos que nunca en la historia y con los jueces dictando sentencias ordenadas en discursos públicos, el ejercicio del poder acabó, inevitablemente, en arrogancia, abuso y corrupción.