El pasado 12 de septiembre hubo satisfacción en el equipo ecuatoriano de Comercio Exterior, tras una reunión con Wilbur Ross, ministro de Comercio del Gobierno de EE.UU. En esa ocasión Ecuador transmitió el interés de reactivar el Consejo de Comercio e Inversiones, como mecanismo para el fortalecimiento de la relación comercial bilateral; mientras que desde el lado norteamericano se ofreció planificar -para el próximo año-, la visita de una misión comercial al Ecuador.
Además, en esa ocasión también se solicitó extender las preferencias unilaterales (SGP), para Ecuador, que fenecerán el 31 de diciembre, e incluir a otros productos como rosas, brócoli, alcachofas y atún. Sobre este pedido no hay una respuesta y más bien desde el Ejecutivo se espera una renovación tardía del SGP en el primer semestre del 2018.
Si no se concreta esa renovación hasta fines de este mes, unas 400 subpartidas (productos) se afectarán y desde el 1 de enero pagarán un arancel promedio del 6,3% para ingresar a ese mercado. Pero en la agenda bilateral con EE.UU. hay temas pendientes que han irritado al mayor socio comercial del Ecuador: denuncia del tratado bilateral de protección de inversiones, laudos arbitrales pendientes con empresas, nuevas barreras al comercio con la tasa aduanera.
Mientras en Ecuador la expectativa se concentra en las preferencias, en EE.UU. la atención se dirige hacia la reciente reforma fiscal aprobada por el Senado y espera su ratificación hasta fin de mes. Esta normativa plantea bajar impuestos, con lo que busca impulsar el crecimiento, subir salarios, mejorar los beneficios de las empresas y repatriar las ganancias de las multinacionales.
De ser así, uno de los efectos se verá en una mayor fortaleza del dólar. Eso afectará la competitividad del Ecuador, ante países como Colombia o Perú, que tienen acuerdos comerciales con EE.UU. y pueden devaluar sus monedas. Así, el panorama se muestra complejo; ni siquiera se ha designado al Embajador del Ecuador ante la Casa Blanca.