Miércoles 31 de agosto. Dos buses chocan en Quito y dejan 15 pasajeros heridos. El chofer huye. El 7 de noviembre, otro accidente afecta a cinco personas. El conductor de la unidad también desaparece. Estos ejemplos no son aislados. De hecho, entre enero y octubre de este año, 8 325 choferes abandonaron el lugar donde ocurrió el siniestro.
En septiembre del 2014, una investigación de EL COMERCIO ya reveló este problema, pero los anuncios del Gobierno para frenar este inconveniente llegaron hace 11 días.
Se optó por medidas punitivas: aumentar las sanciones para quienes se fugan y publicar una lista de los involucrados para que se pague una recompensa por ellos.
¿Esto es una solución? ¿No es mejor trabajar en una campaña sostenida de prevención y concientización? En las escuelas y colegios es casi nula la formación vial.
El 4 de diciembre del 2014 se aprobaron las reformas a la Ley de Tránsito, pero no pasó la propuesta inicial de que la seguridad en tránsito se dicte como cátedra. Lo único que se incluyó es un enunciado general de que el Estado garantizará esa educación.
Por ahí había que empezar y ajustar otras medidas como la revisión técnica de los automotores, pues las fallas mecánicas también son una causa frente de los siniestros.
Sin embargo, se hizo lo contrario. El 8 de abril pasado, el Gobierno emitió el Decreto 975 y eliminó unos de estos chequeos que el transporte pesado debe pasar cada año.
Para los choferes de vehículos livianos también hubo cambios. Desde el 11 de enero no es obligatorio que ellos aprueben el curso de 33 horas. Los aspirantes que sepan manejar solo deben aprobar los exámenes psicosensométricos, prácticos y obtener el permiso.
Entonces, ¿la cura está en aumentar la pena para el conductor fugitivo? Al parecer no. Los problemas en materia vial son profundos. Solo una cifra más: entre el 2014 y junio del 2016,
2 681 transportistas perdieron todos los puntos de la licencia por irrespetar la ley y muchos seguían manejando. Algo más hay que hacer.