El crimen del exgobernador tsáchila Héctor Aguavil pareciera no ser un hecho aislado. Resulta que desde el 2015, otros tres líderes han sido acribillados. Lo que llama la atención es que en todos los casos actuaron hombres armados que se movilizaron en motocicletas, buscaron a las víctimas en sus pueblos y dispararon a quemarropa.
Entonces, urge una investigación para aclarar este nuevo ataque mortal. En Santo Domingo de los Tsáchilas, las estadísticas respecto a las muertes violentas van en aumento. En el 2016, el Comando provincial de la Policía reportó 18 asesinatos, mientras que el año pasado hubo 26.
Algo sucede y se necesitan respuestas. La autoridad local se ha mostrado preocupada, reconoce que las cifras en rojo son una alerta y apura reuniones oficiales para evaluar el nivel de la inseguridad.
Está bien que se dé ese primer paso, pero se debe actuar rápido, para determinar las causas concretas por las que se desata la violencia, y actuar con fuerza.
Que no se repitan cifras como las del 2010. Entre enero y septiembre de ese año hubo 88 homicidios. Para entonces, Inteligencia policial advertía que Santo Domingo se había convertido en un corredor por donde pasaba la droga de Colombia y de Perú. Por ahí también se movilizaban lossicarios que actuaban en la Sierra y huían a la Costa.
A la Policía provincial se le adjudica 7 000 controles (no se indica el período), para detectar droga y armamento ilegal. Pero las cifras oficiales muestran que las pistolas y revólveres se usan frecuentemente en los crímenes.
Con armas de fuego precisamente fueron asesinados los cuatro líderes tsáchilas. Por el ataque a Héctor Aguavil hay un detenido, que será sometido a investigaciones judiciales.
Pero los pobladores temen que los armados vuelvan y que provoquen nuevas balaceras.
De la Policía depende que aquello no ocurra. La Constitución (art. 158) otorga a esa entidad la protección interna del país y el mantenimiento del orden público.