Cuando una sociedad es incapaz de resolver los problemas de inseguridad -por carencias estructurales o por ciudadanos que ignoran el valor de los derechos-, las ‘iniciativas’ punitivas suelen encontrarse con terreno fértil.
Sí. Castigar es popular. La precampaña electoral parece un callejón con almacenes de colores que ofertan electrodomésticos. Con un 62% de ecuatorianos que temen perder sus trabajos (Latinobarómetro 2016: Ecuador es el país donde más habitantes, seis de cada 10, consideran que el principal problema es el económico, a 49% no le alcanzan sus ingresos), era previsible que las candidaturas hablaran de la deuda, la inversión privada, los impuestos y el empleo.
En esa monotonía, resulta decidor que se marcaran diferencias frente a la visión de la inseguridad, porque los desnuda. Un postulante ha planteado la pena de muerte. Otra candidatura ha escrito en su plan de gobierno que endurecerá penas por narcotráfico, sicariato, violación, corrupción, etc.
¿Pena de muerte en Ecuador? “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Contraponerse a esa premisa supondría renunciar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita en 1948, y dejar a la ciudadanía sin protección internacional en materia de defensa de los DD.HH. ¿Endurecimiento de penas por narcotráfico, sicariato, violación? Para empezar, hay que insistir ante la ceguera: el de las drogas es un problema de salud pública. Y no hay evidencia de que el hacinamiento en las cárceles traiga seguridad.
La propuesta de permitir a los campesinos tener armas de fuego para “defender como varón a sus esposas” es doblemente violenta.
En el país donde se incautan 81 toneladas de droga en 11 meses y se agrede a las mujeres en casa (83%), los candidatos deben explicar, antes que ofrecer armas sueltas, castigo y machos alfa en el campo, en el Ministerio de Defensa o en Carondelet, ¿cuál es su política integral de seguridad? O Ecuador será pintado en el mapa de países que cedieron derechos en las urnas.