1.- El Presidente sostiene que su Gobierno está preparado para asumir la situación nueva aun cuando el barril de petróleo llegue a USD 20. ¿Su opinión, por favor?
No parece ser una situación para la cual el Gobierno y el país dispongan de los instrumentos y las condiciones para vivirla. Serán necesarias algunas medidas de gran calado para corregir el actual curso de la economía. Tanto el sector fiscal como el privado tendrían que replantear sus objetivos y metas. A manera de ejemplo topemos un punto que evidencia el grado de dificultad del dilema hidrocarburífero: según el gerente de Petroecuador, el costo de producción de las empresas estatales es de 27 dólares por barril y el de las empresas privadas, con contrato de prestación de servicios es 35 dólares. Si el precio de venta es 20 dólares, el país, mejor el Gobierno para ser más preciso, tendría una perjuicio promedio de 9 dólares por barril exportado, lo que llevaría a una pérdida neta por exportaciones de 1 350 millones de dólares anuales. Tanto Petroecuador como Petroamazonas y el Presupuesto no solo que no tendrían ingresos sino una salida neta de dinero. ¿Será manejable? Parecería que no. Y aquí nace el dilema: ¿Acaso sería mejor reducir la producción al nivel de cobertura de las necesidades nacionales y olvidarse de las exportaciones?
Ahora, visto el tema desde la balanza de pagos, el desequilibrio sería de complejidad superior, aún cuando habría un alivio en el valor de las importaciones de combustibles, siempre y cuando los precios de contratación reflejen las condiciones imperantes en el mercado internacional. Cosa que no ocurre ahora. Por lo menos con las informaciones cortadas hasta el mes de febrero pasado.
Entonces, habría que mirar como se cierran las dos brechas (fiscal y externa), las derivaciones en la producción, la inversión, el empleo y la forma como recibe el impacto el sistema financiero. Y todo eso será consecuencia de la decisión de reducir el gasto público para adecuarlo a la capacidad derivada de la nueva situación. Crear las nuevas condiciones de equilibrio interno, o ¿Continuará el país con el endeudamiento intenso al que está sometido? ¿Podrá hacerlo? ¿En caso contrario, deberá aceptar una contracción de marca mayor? Duele pensar en esa circunstancia. El panorama luce mal. Esperemos, por el bien de todos, que no ocurra.
Sin embargo, es tiempo de replantear la forma como gasta los recursos el país. Hablo tanto del sector público como privado. A pesar de las limitaciones actuales, es indispensable dar pasos para establecer mecanismos de ahorro que le prevengan a la sociedad de malos tiempos futuros y no le tome desprotegida como ha ocurrido ahora. Esperemos que sea lección finalmente aprendida.
2.- ¿Cómo se sentirá la contracción de la economía en el crecimiento, el empleo y la inflación con las medidas del Régimen?
Son las tres variables que traerán las malas noticias del ajuste. Es prematuro aventurar datos aun cuando es evidente que la producción nacional sufrirá quebranto. Ya se anuncia la reducción de producción petrolera, pequeña pero cierta. La razón es evidente: el costo de producir en ciertas arenas (reservorios) es más caro que el precio de venta.
Con las limitaciones de importaciones, la restricción crediticia y monetaria, el sector privado tendrá su parte, que además recibirá el influjo de la reducción obligada del gasto público que no encuentre financiamiento. A esto deberá sumarse el efecto multiplicado de la caída de la inversión tanto pública como privada. Agregados todos estos efectos, el PIB traerá un resultado magro, que ojalá no llegue a pintar un valor negativo. (Cordes estima un crecimiento del 0,9%)
Si cae la inversión. Si la producción tiene limitaciones y el Gobierno no tiene dinero para continuar su plan de expansión, las fuentes de empleo declinarán y habrá pocas, contadas se podría decir, nuevas oportunidades de trabajo. La tasa de desempleo, como quieran definirla, que mide una parte del bienestar colectivo deberá demostrar el daño social incurrido.
La inflación también recogerá el efecto de la forma como se conduce el plan de ajuste. Habrá reducción en la oferta de algunos bienes, otros tendrán protección superior de la competencia que les permitirá subir los precios. También existirá un grupo que no encontrarán motivación para escalar sus precios. En dolarización este indicador hace mucho daño en la competitividad de las actividades relacionadas con los mercados mundiales.
3.-Usted es crítico con la propuesta de amnistía tributaria sobre multas, intereses y recargos de impuestos no pagados. ¿Qué alternativa propone?
A lo largo de las reformas tributarias, el Gobierno ha construido un muro sólido y desproporcionado de sanciones por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Ha llegado al nivel de calificarlas de expropiadoras del patrimonio privado.
Son desmedidas e incluso para poder reclamar una determinación considerada injusta, si no se dispone de capital, crédito o garantía, el contribuyente queda indefenso.
Creo, por lo tanto, que estos recargos deben ser revisados. Es lo sensato. Obviamente, deben existir, pero no llegar al nivel expoliador actual. Pasado el efecto de la ley propuesta, seguirá el imperio de esta realidad, agravada por la dependencia de la función judicial, o por lo menos buena parte de ella, a la presión del ente recaudador de impuestos.
Con justicia independiente y oportuna, recargos razonables, estos tratamiento preferenciales (moratorias) nunca deben estar en el horizonte de la política nacional.
El equilibrio entre los derechos del deudor y acreedor es indispensable. Pero si siempre solo se debilita los del acreedor (público o privado), construimos una sociedad de tramposos.