Pocas buenas noticias, lucha, crisis e incertidumbre rodean el fin del 2014 y el inicio del 2015. La iniciativa oficial más relevante del 2014, pero poco valorada, fue la interesante política de salud pública que obliga a los industriales y comerciantes de alimentos a colocar en los envases de sus productos los signos del semáforo (verde, amarillo y rojo) indicando los contenidos y calidad de los alimentos, contribuyendo a una decisión de compra informada de parte de los consumidores.
La educación fue la principal bandera del marketing político gubernamental en el 2014. Llovieron los doctorados honoris causa otorgados por universidades gringas y, sobre todo, españolas que con información parcial y con altas expectativas de consultorías y contratos para sus profesores e investigadores, desparramaron alabanzas a los logros educativos ecuatorianos, uno de ellos, confirmado por la Unesco en estos días, respecto del aumento de algunos puntos en la evaluación Terce de calidad educativa. Sin embargo, el marketing se empañó frente a la restricción de las libertades y del derecho a la protesta, reflejada en la despiadada represión contra los estudiantes del colegio históricamente más rebelde del Ecuador, el Instituto Nacional Mejía. De esta experiencia, salieron muy golpeados los estudiantes y sus familias, pero también las autoridades educativas, cuyas ejecutorias represivas, pusieron en evidencia su deleznable formación como educadores, expuesta a través de su concepto pedagógico arcaico de la “letra con sangre entra”, exhibido con prepotencia e incontinencia verbal en los días del conflicto.
La “meritocracia” aplicada a través de pruebas, en el 2014, colocó fuera de la universidad a cientos de estudiantes de colegios de sectores populares, lo que puso en duda la reforma al bachillerato. La reorganización del sistema educativo, según las organizaciones indígenas, llevó al cierre de decenas de escuelas rurales, afectando no solo a la educación de cientos de niños y niñas, sino a la propia organización comunitaria.
En el 2014, los Yasunidos fueron la máxima expresión social de dignidad y de defensa de la naturaleza. Su extraordinario esfuerzo de recolección de firmas para una consulta popular fue anulado con mecanismos nada claros por una institución electoral que perdió autoridad y legitimidad ante el país. Si a esto se suman las reformas a la Constitución en pos de una reelección indefinida y la expulsión de su casa de la más grande organización social del país, la Conaie, los nubarrones de la incertidumbre sobre el destino de la democracia se acrecientan en medio de una oposición dispersa que se rearma.
El nubarrón más grande viene de la economía. La baja del precio del petróleo augura un 2015 de crisis y lucha, luego de la larga borrachera consumista.