Las observaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el estado de la libertad de expresión y la independencia de la justicia en Ecuador son reiterativas. Durante varios años, la ONU ha identificado temas sensibles con base en informes de diferentes organizaciones y actores de la sociedad civil.
El viernes pasado, la misión de representantes del oficialismo aceptó en Ginebra dos recomendaciones de los estados evaluadores, pero no estuvo de acuerdo con 19 señalamientos del tercer Examen Periódico Universal (EPU).
Los principales están relacionados con la criminalización del aborto, el fortalecimiento de la independencia de la justicia, la libertad de expresión y las operaciones de inteligencia. Sobre este último punto se recomendó permitir el monitoreo de todas las operaciones de las agencias de inteligencia por un ente independiente, lo cual rechazó el Gobierno.
Una constante en estos últimos diez años ha sido precisamente la falta de fiscalización y rendición de cuentas de los aparatos de inteligencia.
Amparados en la Ley de Seguridad Nacional estos organismos no rinden cuentas de sus actos a la sociedad civil. Sus gastos y operaciones son reservados y son auditados por la Contraloría, como juez de gastos, lo cual también es secreto.
Otro tema sensible es el deterioro de la libertad de expresión, observada por 24 estados. De las 182 recomendaciones formuladas, 36 correspondieron exclusivamente al respeto de los derechos de libertad de expresión y asociación. Esto es evidente desde el 2013, luego de la vigencia de la Ley de Comunicación que ha sido usada para escarmentar a periodistas y medios.
El año pasado, por ejemplo, la ONU ya alertó sobre las afectaciones que puede sufrir la libertad de expresión por la obligación que tienen los medios de cubrir hechos que sean de interés público. En esta línea, el mes pasado, la Supercom sancionó a siete medios que no publicaron una nota del diario argentino Página 12 que “representaba un tema de interés público”, según el ente.