Avanza algo inevitable, cada vez más poderoso, aplastante. La clausura de la fundación Pachamama y la apresurada aprobación de un código penal draconiano son los nuevos bloques del muro. Se multiplica todo tipo reacciones en la sociedad. Unos ven que el dogal se cierra. Sensación de asfixia e impotencia. Otros se ponen un traje de teflón y billete, miran hacia un costado como si la historia no fuera con ellos; la Navidad, el consumismo les cae de película. Muchos felices consideran que “el proyecto” se consolida, que avanza triunfal, masivo, a través de un camino con metas ambiguas que se abre, con errores, con costos necesarios. Algunos, entre ellos varios comunicadores de investigación y miembros de organizaciones sociales críticas piensan con desconsuelo que están dando sus últimos pasos. Callados labrar sus epitafios de autocensura. Más allá aparecen unos cuantos oportunistas que “protestan” en los decibeles que agradan al poder, en espera que luego de la tormenta su tramoya sea c ompensada con algún contrato.
Sin embargo, también se alzan los que creen todavía que la lucha es pertinente, que hay que organizarse, hablar, proponer, vencer el miedo. Estos luchadores, personas y grupos, en estos días circulan un comunicado público titulado “Opinar no es un delito”. Dicen ver con honda preocupación la clausura de la fundación Pachamama. Consideran que este hecho “atenta contra los derechos de opinión y de asociación… (que) la forma de hacerlo… vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa, todos ellos reconocidos por la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional”.
Señalan que la “clausura pone en relieve la inconstitucionalidad del reglamento sobre las organizaciones sociales y no gubernamentales (el Decreto 16), justifica lo arbitrario, y no es una casualidad que se aplique contra quienes se expresan, en su legítimo derecho, contra el modelo extractivista, la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía y cuando está en marcha un proceso democrático para mantener el crudo del Yasuní en el subsuelo con una consulta popular”.
Subrayan que las “organizaciones y personas tienen pleno derecho a promover causas sociales y de beneficio colectivo, como la protección del medioambiente. Intervenir, apoyar o protestar por las decisiones del poder público son legítimos actos políticos que honran el pluralismo y la democracia”. Piden se reabra la fundación Pachamama, y se derogue el “Decreto 16” por inconstitucional.
Aceptar estos pedidos bajaría las tensiones y ayudaría a retomar confianza en la democracia. De no ser así, aumentará el miedo, la sumisión y la rebeldía contenida. Continuaría la configuración de un país embobado y de una enorme “olla de presión”, sin desfogues, que algún día estallaría con impredecibles consecuencias. ¿Son conscientes del desastre?