Daniela Salazar

Ola migratoria

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Alrededor de 4000 personas ingresaban diariamente a Ecuador huyendo de la crisis política, alimentaria y sanitaria que afecta Venezuela. Con miras a detener este flujo migratorio el gobierno de Ecuador resolvió, inicialmente, exigir pasaportes para el ingreso de venezolanos. La justicia constitucional dispuso la suspensión de esta medida. Burlando a la justicia, el gobierno les exige ahora un certificado de validez de la cédula. Tanto el pasaporte como el certificado de validez constituyen requisitos de cumplimiento prácticamente imposible para la mayoría de venezolanos.

El Ministro de Interior y quienes defienden esta perversa medida, afirman que es necesaria “para garantizar la seguridad de los ciudadanos venezolanos, así como la seguridad de nuestro territorio”. ¡Falso! Lejos de garantizar la seguridad de los venezolanos, los expone a mafias y redes de corrupción que trafican documentos y personas. Además, la medida los fuerza a cruzar la frontera por pasos no autorizados, los convierte en migrantes irregulares, y los expone explotación laboral, sexual y otros riesgos. Dado que la medida promueve la migración irregular, tampoco se garantiza la seguridad de los ecuatorianos. A lo mucho, la manera en que se ha justificado la exigencia de pasaportes alienta el mito de que el aumento de la migración tiene una relación con el aumento de la criminalidad.

Se ha puesto un tapón en los canales legales para ingresar, pero eso no impedirá que la ola migratoria fluya por otros pasos hacia Ecuador. Esa ola no se puede detener porque no trae una migración voluntaria sino forzada. Nadie deja su tierra, su familia y sus pertenencias y cruza la frontera con lo mínimo necesario para subsistir, por voluntad propia. Los venezolanos migran para sobrevivir.

La migración puede tener un impacto positivo, pero requiere un cambio de paradigma en la política de movilidad humana. El cambio debe ser radical y basado en evidencias, no en percepciones xenófobas. Existen suficientes evidencias de que el cierre de fronteras y la penalización por ingreso o presencia irregular sólo contribuyen a la clandestinidad. El gobierno debe ofrecer una respuesta integral, garantizando su ingreso al territorio, así como la reunificación familiar y la protección internacional a quienes lo requieran.

Sobre todo, es imperativo recordar que esa ola no es un tsunami, ni una catástrofe. Todo lo contrario. Esa ola viene cargada de personas valientes, sacrificadas y llenas de esperanza; personas con muchísimo talento, ganas de trabajar y emprender. Su presencia en Ecuador contribuye a fomentar el comercio, la competencia, la innovación y nuevos conocimientos. Los venezolanos han dejado todo atrás en búsqueda de una oportunidad para vivir de manera digna. Ni el gobierno debe cerrar las fronteras ni nosotros nuestras puertas.