La relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, cuestionó la ley de medios de Ecuador. La Comisión Interamericana recomendó a Venezuela que permita a Radio Caracas Televisión (RCTV) participar en una licitación transparente para recuperar la licencia que le revocó Hugo Chávez, un asunto que ya está en estudio de la Corte Interamericana.
Parece una coincidencia, pero esas decisiones, que establecen una muy fuerte defensa de la OEA en favor de la libertad de expresión, pueden convertirse en un escollo inesperado para el Gobierno argentino en momentos en que el caso Clarín acaba de ingresar a estudio de la Corte Suprema argentina.
La Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Relatoría y la Corte Interamericana establecen las normas que todos los países deben respetar en materia de libertad de expresión. Y dos de esos organismos acaban de decir que “la pretensión de un Gobierno de garantizar el pluralismo no puede justificar que se violen las normas internacionales”. ¿Cumple la ley de medios aprobada en la Argentina en 2009 con esas pautas? El 14 de junio, a instancias del presidente Rafael Correa, la Asamblea de Ecuador aprobó una Ley de Comunicación audiovisual bastante similar a las que rigen en Venezuela y en la Argentina.
Pero la relatora Botero, en una extensa carta que le envió al canciller de ese país, Ricardo Patiño, el 28 de junio último, criticó formalmente los aspectos centrales de esa norma: dice la relatora especial que una ley no puede regular en forma uniforme a la TV abierta y a los diarios y la TV por cable, porque “lo que puede resultar legítimo” para los canales de aire y para las radios, que usan un espectro radioeléctrico escaso, “puede no ser legítimo cuando se aplica a la TV por cable, a la prensa escrita y a lo que se difunde por Internet”.
Ésa es la referencia que hizo, en su fallo de abril, la Cámara Civil y Comercial Federal cuando limitó las licencias de aire del Grupo Clarín, pero declaró inválidas las normas que afectaban a Cablevisión, que no usa espectro radioeléctrico. El Gobierno, para avanzar en contra de la cableoperadora, intentará contradecir ese criterio.
Botero le recordó al presidente Correa que “el Estado debe ser neutral respecto de los contenidos emitidos por los medios de comunicación”. ¿Puede el Gobierno argentino alegar que es neutral cuando la Corte argentina y una cámara de apelaciones condenaron al Gobierno a asignarles a Perfil y a Clarín publicidad que el Poder Ejecutivo les retacea y sólo entrega a los medios más cercanos al poder? Y, por otro lado, ¿es neutral con la publicidad que se emite a través de Fútbol para Todos? Por si fuera poco, Botero también señaló que cada medio -no el Gobierno- es el responsable de “establecer voluntariamente su propio código de ética”. El Estado, dice la carta, “no es el guardián de la ética periodística”.