La disposición fue empezar a construir puentes, carreteras, aeropuertos o refinerías, pese a que los estudios estuvieran incompletos o no contaran con financiamiento.
Lo importante era arrancar las obras y hacer cualquier corrección durante su construcción. En la última década, la obra pública fue considerada urgente y las autoridades no podían esperar a llamar a concursos públicos o licitaciones. En su reemplazo aplicaron la contratación directa y firmaron contratos de obras complementarias, todo amparado en declaratorias de emergencia o reformas a la Ley de Contratación Pública.
Obras como el poliducto Pascuales-Cuenca, la Ruta Collas, el proyecto Monteverde, la Refinería del Pacífico o el aeropuerto de Tena son ejemplos de las deficiencias en la contratación pública durante la última década. Unas se contrataron directamente y se demoraron lo mismo que hubiese tomado hacer una licitación.
Otras terminaron costando el doble o más de lo previsto, como ocurrió con la Ruta Collas o el proyecto Monteverde. Unas más se encuentran subutilizadas, como el aeropuerto de Tena, mientras otro grupo de obras simplemente quedó a medio hacer por falta de financiamiento, como ocurrió con la refinería del Pacífico, en la cual permanecen hundidos USD 1 200 millones de inversión pública sin ninguna rentabilidad hasta la fecha.
Una evaluación sobre la contratación pública es una de las mayores deudas que deja el Gobierno que termina este 24 de mayo, que se ha caracterizado por la gran inversión realizada en infraestructura. En la última década el sector público ha invertido USD 91 000 millones, lo que equivale al 30% de todo lo gastado durante la mayor bonanza petrolera de la historia del país.
Si la evaluación se hiciera únicamente en función del monto invertido, el Régimen pasaría con buena nota, pero la calidad de la inversión, la prioridad de los proyectos, los precios y el impacto aún son temas pendientes por evaluar.