El énfasis en la política económica del Gobierno es acabar con el déficit fiscal; objetivo claro y cuantificable.
Pero hay un segundo objetivo, escurridizo, aún más urgente: recuperar la competitividad perdida. El alza salarial desmedida de 2008 en adelante tornó al Ecuador en país caro para producir: los costos son excesivos en 31% sostiene el FMI.
Sin competitividad, no se dinamizan ni la exportación ni la inversión extranjera, que traen las divisas que causan una expansión del circulante, estimulan el crecimiento económico, y permiten importar más, que necesitamos tanto para producir, como para consumir. La inversión viene a las actividades de exportación; y si vienen para atender el mercado interno, es porque este crece, lo que se da cuando estamos exportando más. Hasta que no recuperemos competitividad, no ingresarán las divisas de exportaciones e inversión privada en los montos necesarios para crecer. Sin recuperación de competitividad, estamos condenados a mantenernos estancados indefinidamente. Entre las acciones para recuperar competitividad: tornar menos engorrosa las relaciones laborales. Como hay extrema rigidez en las normas, la propuesta que se hará no bastará por si sola para poner el costo de la mano de obra ecuatoriana en el mismo andarivel que el de los países vecinos.
Ayudaría la reducción de aranceles y de impuestos que encarecen las importaciones y obstaculizan el movimiento de capitales. Un menor arancel y eliminación del ISD bajarían los costos de producción y abaratarían los productos importados, mejorando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Pero eso no se puede hacer ahora por el problema fiscal.
Otra es recortar trámites innecesarios, y cerrar las unidades de la administración central a cargo de tareas innecesarias. Esto bajaría costos a empresas y personas, y ayudaría a reducir el problema fiscal. Las autoridades anuncian avances en este objetivo, pero las estadísticas aún no lo reflejan: en enero-mayo, las compras de las administraciones públicas crecen en USD 32 millones y el rol de pagos solo se reduce un USD 87 millones.
Con los costos actuales, las exportaciones que se mantienen atractivas son aquellas en petróleo y minas. Pero el gobierno acaba de renunciar al pleno desarrollo de Ishpingo, sacrificando 120 mil barriles diarios de producción el próximo año (unos USD 2.200 millones) y hay en marcha una campaña para traspasar la potestad sobre los recursos naturales del gobierno nacional, a los gobiernos provinciales: se busca frenar el inminente boom minero.
El retorno al crecimiento económico depende de la dinamización de las exportaciones. Hay que tomar consciencia de esa realidad, y hacer lo necesario para lograrlo. Recuperar la competitividad y dar luz verde a petróleo y minería, son las vías.
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