Diego Araujo Sánchez

Estado obeso y subsidios

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En la década pasada se produjo un desmedido crecimiento de la burocracia: los ministerios y secretarías se multiplicaron, se crearon nuevas entidades y organismos, algunos solo útiles para apoyar el modelo concentrador del poder y dictatorial del gobierno, y se propagaron como hongos los asesores y los contratos ocasionales…
El Estado se convirtió en una codiciada fuente de empleo. Numerosos beneficiarios de los destinos burocráticos engrosaron las redes de apoyo político de AP y los movimientos afines. La troncha estatal siempre ha sido apetecida, pero mucho más en los años de altos precios del petróleo durante los cuales se establecieron jugosas remuneraciones para los funcionarios de nivel medio y alto, en promedio mayores que las que se pagan en el sector privado.

Los costos de estos excesos representan una de las más pesadas cargas de la herencia correísta. Como una evidencia, Mauricio Pozo recordó ayer, en estas mismas páginas, que hasta el año 2007 el gasto en sueldos y salarios del Presupuesto del Estado representó el 4.5% del PIB en tanto que para 2017 ese porcentaje fue del 9.5%, es decir “que el gasto se duplicó frente al tamaño de la economía de cada año”. En 2018, el monto total para los 541 388 servidores que dependen de ese Presupuesto alcanza la suma USD 9 955 millones, según el Observatorio de la Política Fiscal.

A pesar de la grave crisis económica y quizás por ella misma, la administración pública se percibe todavía como una cotizada fuente de empleo. Una muestra anecdótica de esta percepción se produjo en la última semana, cuando fueron apresadas varias personas que se hacían pasar por importantes funcionarios públicos y hasta por ministros para estafar a incautos ciudadanos con la oferta de favores y la promesas de futuros puestos. El palo grueso no es una especie en extinción: todavía se halla vivito y coleando dentro del viscoso sistema de padrinazgos, influencias y palanqueos. Y hasta permite que bajo su ropaje surjan timadores que se aprovechan de la desesperación o de la ingenuidad de algunos desempleados.

La reducción de los ingresos por la caída de los precios del petróleo impone la necesidad de cortar los excesos sin afectar servicios básicos como salud, educación, seguridad… El sentido común también señala que ese recorte al Estado obeso no puede hacerse de la noche a la mañana, que debe ser paulatino. La recuperación del sector privado debería ayudar a generar empleos. Pero, mientras tanto, ¿cómo sostener el gasto en sueldos y salarios?

Dado el desastroso manejo económico de la década pasada, más pesada herencia política resulta aún la inevitable revisión de los subsidios a los combustibles que, para este año, tienen para las arcas fiscales un costo de USD 1 707 millones.