Columnista invitado
El decreto de eliminación de los subsidios a los combustibles tuvo una vida efímera que culminó con su derogación, como consecuencia de la protesta indígena. El restablecimiento del orden marcó también el inicio de un escenario económico mucho más complicado. Han aflorado las necesidades sociales latentes por mucho tiempo, que merecen una atención que no repose en medidas sin objetivos que rebasen la coyuntura.
La decisión se orientó a enfrentar el contrabando pero no previó compensaciones al inmediato incremento de los precios de bienes y servicios. Y no tuvo viabilidad. La política económica debe cumplir por lo menos dos requisitos: establecer objetivos claros y disponer de viabilidad económica, política y social. La medida no tenía viabilidad social porque no se previó la reacción de las clases más pobres.
La reorientación de la medida, insistiendo en la eliminación de los subsidios, contempla la focalización de las compensaciones para paliar los efectos de la subida de los precios. Evidentemente, la necesidad de captar recursos para financiar el déficit sustenta esa decisión. Igualmente, el paquete de medidas de carácter tributario enviadas a conocimiento de la Asamblea Nacional tiene por objetivo recaudar recursos para enfrentar la crisis fiscal.
Para enfrentar el problema del desempleo, el pensamiento imperante magnifica las bondades de la flexibilidad laboral para la creación de nuevos puestos de trabajo. Las nuevas formas de desempeño laboral, fruto del avance tecnológico, y la creciente importancia del sector de los servicios, podrían reducir los costos de producción, pero no significan un mecanismo válido, salvo en el muy corto plazo, para la creación de empleo. Las empresas no pueden ofrecer más empleo en las actuales condiciones, pues la demanda no presiona para una mayor producción. Solo una mayor demanda puede crear la necesidad de ampliar la producción y, con ello, crear más puestos de trabajo.
El nuevo contexto económico y político está signado por la forma que tome la reacción social. Es creciente el cuestionamiento a las medidas de ajuste y a los llamados a asumir los sacrificios. Ciertamente que el problema práctico inmediato es la falta de recursos y por ello se ha acudido al Fondo Monetario Internacional. Pero el camino ya no está expedito y el cumplimiento del acuerdo puede encontrar serios escollos. Será, entonces, necesario replantear las condiciones de la Carta de Intención suscrita.
Repensar la economía nacional y encontrar alternativas favorables a los diferentes grupos sociales es también un reto. Se requieren mecanismos para fortalecer al sector productivo y también a la demanda. Eso merece políticas macroeconómicas diferentes a las de ajuste. Y requiere compromisos de las empresas para el cumplimiento de metas, de manera que los incentivos que obtengan se justifiquen con la creación efectiva de empleo.