Lo sucedido con la Ley de Educación Superior parece una parodia digna de un escenario de la vanguardia de un arte desconocido. Fue aprobada por la Asamblea Nacional con un voto ilegal e ilegítimo, pero tras un acuerdo entre la bancada oficialista y miembros de la comunidad universitaria. Un ejemplo de democracia para otro país, pero que en el nuestro solo es efectivo si la concertación se alcanza al interior de la Asamblea. Es el único camino para evitar el imperio del veto presidencial como quedó demostrado con la Ley de Participación Ciudadana.
En cuanto a la Ley de Educación Superior se cometió un grave error político o fueron víctimas de una ingenuidad y ahora la situación es mucho más dura que subir una cuesta en la altura. Queda la posibilidad de un acuerdo -casi post mórtem- de que exista un consenso con la oposición para evitar que el veto se concrete. También existe otra, pero el desconocimiento jurídico de la Constitución se convierte -otra vez hay que recurrir a García Márquez-, en la ‘Crónica de una muerte anunciada’.
El artículo 132 de la Constitución, en el cuarto inciso, siguiendo una interpretación literal como corresponde, es suficiente claro para ser aplicado en esta situación y evitar lo que sucedió con la Ley de Participación Ciudadana. La mencionada disposición establece que salvo el caso de que un veto parcial del Ejecutivo no sea considerado, significará un allanamiento y su contenido seguirá rumbo al Registro Oficial. En el caso de la Ley de Participación Ciudadana consta en la misma publicación oficial que el texto fue conocido en dos oportunidades, aprobados unos artículos y otros no. No existieron los 83 votos para rechazar el veto ni los 63 para adherirse. En este caso el producto legislativo si fue considerado como exige la Constitución, salvo que en Carondelet tengan un diccionario – al margen o más evolucionado que el de la Real Academia- el cual determinaría que son sinónimos o equivalentes ‘considerar ‘y ‘resolver’.
Con estos antecedentes, más políticos que jurídicos, queda una conclusión desalentadora. Únicamente un consenso entre el oficialismo y la oposición en el parlamento podrá constituir una fortaleza para que en el caso de una discrepancia con el Ejecutivo, se mantenga la decisión legislativa y se alcancen los difíciles 83 votos para rechazar la voluntad presidencial.
No se puede descartar que la movilización universitaria logre sensibilizar al Ejecutivo para que su veto respete los contenidos iniciales. Caso contrario, el fiasco de la mayoría oficialista de Alianza País, los aliados de buena fe que participaron en el proceso de la aprobación y los representantes universitarios habrán protagonizado, el ensayo de una obra de teatro triste que finalmente terminó de manera irreversible en una tragedia de medio pelo.