El discurso del Presidente Correa en el reciente foro empresarial organizado por la prestigiosa firma Bloomberg, invitando a los empresarios nacionales y extranjeros a invertir en Ecuador, es un buen gesto, una buena señal, un gran y primer paso. Reconocer que durante cuatro años el Gobierno equivocó su política anterior al despreciar la inversión extranjera y desestimar la nacional. Palabras no son suficientes, porque corren el riesgo de quedarse en simples enunciados retóricos.
Primero debe comenzar suspendiendo la consulta popular, por ilegal y amañada, por no respetar la Constitución vigente y por todos los propósitos ocultos, de dominar la administración de justicia, los medios de comunicación y someter a un régimen de terror a todo el país, con la pretendida ley y controles arbitrarios para combatir la corrupción y enriquecimientos ilícitos. Los empresarios nacionales y con mucha más razón o precaución, los extranjeros, prefieren invertir en países donde exista seguridad jurídica, donde los jueces y las cortes sean independientes y sus regímenes políticos y procedimientos sean auténticamente democráticos.
El Gobierno debe rectificar con hechos concretos, con modificaciones a las leyes y reglamentos vigentes. Ni los nacionales, menos los extranjeros invertirán en un país donde la administración tributaria es totalmente sesgada, donde tienes que pagar previamente la totalidad de las glosas antes de presentar tu reclamo o la demanda contra el Estado. Un país que cobra impuestos mínimos prefijados con anterioridad, ganes o pierdas con tu negocio o tu inversión. Donde los pagos o retenciones en exceso pierden vigencia y no los puedes descontar en ejercicios futuros o reclamar su devolución. Esa política es injusta y confiscatoria de recursos y dineros ajenos, significa descapitalizar los negocios y debilitar las empresas.
Tampoco se puede invertir en países donde no existe flexibilidad laboral ni mecanismos de contratación temporal, por horas o jornadas o temporadas de mayor necesidad de personal u horas hombre. Donde existe doble responsabilidad de jubilación y se penaliza al buen trabajador que recibe menores liquidaciones que los malos colaboradores que son despedidos y terminan con mayores o mejores liquidaciones. Tampoco donde los conflictos laborales se alientan desde el propio Gobierno.
El Gobierno debe revisar sus políticas, sincerar su actitud con la inversión extranjera, con las compañías petroleras internacionales, con la inversión minera, las concesiones de carreteras, permitir la inversión privada en hidroeléctricas y empresas de generación que utilicen derivados pesados o gas, la operación privada de puertos, refinerías, aeropuertos.