Es indudable que fue un avance la aprobación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la creación de una nueva institucionalidad, que está vigente desde hace dos años y un mes (7 de agosto del 2008), pero su aplicación, el punto más importante, es muy débil. Es penoso seguir en el mismo círculo vicioso del pasado, con nueva ley, controles defectuosos y viejas prácticas.
Hay tantas normas incumplidas por falta de decisión política y corrupción. La responsabilidad es compartida por varias instituciones, pero la principal tiene la Comisión Nacional de Tránsito. Todo esto lleva a la tragedia permanente en las vías, que ha cegado la vida de pasajeros y conductores. Los datos proporcionados por el SIAT y Corposoat espeluznan. Solo entre enero y julio del 2010 van más de 680 muertos y más de 10 mil heridos.
El último volcamiento del bus en Yambo, que dejara 39 muertos, 11 heridos y la violación de la ley: llantas lisas, exceso de pasajeros, chofer con fatiga por abuso en el trabajo y sin afiliación al seguro social, mala carrocería. Lo curioso es que tienen que pasar los cadáveres para que recién el Presidente del Consejo disponga la suspensión de una empresa. ¿Y el resto?
La ley dio 180 días de plazo (se cumplió en febrero del 2009) para que se incorpore y se enseñe en las aulas los planes de educación, seguridad vial y todos sus temas. Deberían rendir cuentas de lo que han logrado. Establece controles a la transportación pública. Sanción a las operadoras o propietarios que no afilien a sus conductores.
La ley dice que quien debe aplicar las sanciones es la Comisión de Tránsito. Podrá intervenir a una operadora, revocar el contrato, permiso o autorización. Obliga a la homologación de los medios de transporte. Dispone que las licencias de conducir pueden ser anuladas cuando se detecten defectos de forma y fondo. Hay denuncias de irregularidades presentadas por Justicia Vial y Covial y llevadas a la justicia por la entrega de licencias fraudulentamente, que ha continuado en esta administración, de común acuerdo las comisiones provinciales con sindicatos de choferes (el caso de Santo Domingo de los Tzáchilas). No se han cerrado esas escuelas de conducción y existen pedidos al Fiscal General.
La denuncia de Justicia Vial de presuntas irregularidades en el pedido de reconocimiento de nuevas directivas de choferes presentado al Ministro de Relaciones Laborales el 15 de junio pasado, primero sin firma y luego aparece la firma. Concesión de rutas y frecuencias que han seguido sin estudios. La denuncia es grave porque alude a compromisos políticos con los gremios. Esto refleja que el control del tránsito es deficiente y la Comisión y sus delegaciones provinciales no están cumpliendo a cabalidad su deber, según la ley.