En 1990, cuando Balduino era Rey de los belgas, el Parlamento aprobó un proyecto de ley para despenalizar una forma de aborto. El Rey, católico ferviente, se encontró frente a un dilema ético-político: sus principios morales le exigían abstenerse de firmar el proyecto -requisito necesario para conferirle vigencia- pero sus deberes como Jefe de Estado le obligaban a hacerlo. Dio entonces un ejemplo de responsabilidad: abdicó, para que un regente pudiera firmar la ley. Cumplido ese trámite, el Parlamento le devolvió sus funciones reales.
Ese acto de sujeción a sus principios morales enalteció a Balduino, tanto como su decisión de abrir las puertas para que un reemplazante pudiera cumplir con el deber cívico y político de suscribir el proyecto de ley, propio del ordenamiento jurídico laico del Estado belga.
Balduino no amenazó con abdicar para doblegar al Parlamento. Respetó, por el contrario, su pronunciamiento democrático y, no pudiendo avalarlo con su firma, abrió el camino para que una autoridad temporal lo hiciera. Fue leal con su conciencia y leal con sus obligaciones como Jefe de Estado.
Amenazar con renunciar al cargo si no se hace su voluntad es actitud repetida en el caso del presidente Correa. Con la amenaza de ir a la “muerte cruzada” logró que la asamblea aprobara convocar al referéndum del 2007; con la amenaza de pedir al pueblo que se pronuncie sobre la reelección indefinida al responder a la pregunta relativa a la explotación del ITT está dificultando que el pueblo decida soberanamente sobre el Yasuní; con la amenaza de renunciar ha logrado que la Asamblea le obedezca.
Correa puede estar en lo justo al oponerse a la despenalización del aborto, respondiendo así tanto a sus convicciones como al criterio mayoritario del país sobre la defensa de la vida del nonato, aunque ese criterio contradiga a la creciente opinión de mujeres, hombres y organizaciones sociales que promueven los derechos humanos. Pero las tácticas empleadas para lograr su propósito, en éste como en otros casos, van en contra del cumplimiento de sus obligaciones como Presidente de un Estado democrático y laico, pues recurre a una suerte de chantaje para imponer su voluntad.
La despenalización del aborto ha suscitado un debate filosófico, político y religioso útil para todos, pero que no llegará a conclusiones aceptadas por todos. En este contexto social, hay que denunciar la costumbre presidencial de imponer su voluntad usando como único argumento la amenaza de su renuncia.
¡Qué triste es, por otro lado, constatar que los parlamentarios favorables a la despenalización del aborto, atemorizados cuando Correa los calificó de traidores y desleales, dócilmente dejaron de lado sus alegados principios para alinearse cómoda y tímidamente con el aplastante argumento presidencial!