Pablo Ortiz García

Notarios en la mira

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Viernes 06 de enero 2012
6 de January de 2012 00:01

Así como sufrimos el cambio realizado por la Revolución Ciudadana con los Registros Mercantil y de la Propiedad, en este último con las consecuencias que se siguen viviendo por la inexperiencia de los nuevos funcionarios, se nos viene otro sismo: la designación de notarios. Los notarios autorizan contratos, por ejemplo, la compraventa de inmuebles o la transferencia de participaciones en compañías limitadas. También dan fe de la existencia de los hechos que suceden en su presencia, como el reconocimiento de firmas en ciertos actos. El sistema notarial latino, aplicado en muchos países del mundo, ha funcionado de manera bastante eficiente en Ecuador. Son pocas las quejas, denuncias o juicios en contra de los notarios.

El triunvirato del Consejo de la Judicatura de Transición, designado a dedo por gente allegada al Gobierno, pretende nombrar a los nuevos notarios, pero ¿tiene atribución para ello? Para los interesados del Ejecutivo la respuesta es un rotundo sí. Pero para quienes leen la Disposición Transitoria Séptima del Código Orgánico de la Función Judicial, la respuesta es un no, también rotundo, por cuanto ordena que “el nuevo Consejo de la Judicatura designado a través de concurso dirigido por el Consejo de Participación Ciudadana”, será el que implemente el sistema notarial. Por tanto, el triunvirato al frente del Consejo de la Judicatura de Transición no está facultado para nombrar notarios.

El actual sistema notarial no significa egreso de dinero para el Estado. Todo el costo lo asumen los notarios, quienes tienen la responsabilidad, tanto civil como penal, de la verdad de los contratos que autorizan, de mantener los libros en perfecto estado, así como de cancelar las remuneraciones a sus empleados. Son agentes cobradores del IVA, y pagan su Impuesto a la Renta, lo que le genera al Fisco unos cuantos millones de dólares al año. La mayoría de los actuales notarios ha implementado un sistema moderno para mantener los protocolos de las escrituras públicas. El Estado se ha beneficiado sin invertir un solo centavo. Con el nuevo sistema, el Fisco recibirá ingresos de tasas, pero no como para compensar lo que dejará de percibir por Impuesto a la Renta causado por los notarios, a menos que se incrementen las tarifas. Las notarías podrían dejar de dar ágil y pronto despacho, para convertirse en instituciones burocráticas, sin afán de servicio y nidos de corrupción.

Los archivos de las notarías se localizarán en una sola dependencia pública a cargo del Ejecutivo, por lo que los originales de los documentos dejados por los contratantes, bien podrían “sufrir algún percance” cuando las necesidades de allegados a la Revolución Ciudadana así lo requieran.