El Contralor General del Estado pide al Ministerio de Finanzas la documentación sobre las operaciones de endeudamiento público y le envían copias de tres resoluciones que declaran esa información como secreta y reservada. Es la peor sinvergüencería que se haya visto en política. La Constitución dice que no puede haber funcionario exento de responsabilidad, pero estos señores se eximen, ellos mismos, de responsabilidades al pretender evadir la auditoría del organismo de control.
La Contraloría General ha constituido una veeduría ciudadana para que haga seguimiento a la auditoría de la deuda. El ex Presidente y sus acólitos dicen que la comisión está integrada por enemigos del anterior gobierno. Con esto pretenden, desde ahora, poner en duda los resultados del examen. Estos funcionarios, acorazados con secretos, saben que no es la veeduría la que revisa las cuentas sino la Contraloría, por disposición legal.
Los ciudadanos tienen el derecho, establecido en la Constitución, para participar en el control de las instituciones del Estado y de sus representantes; también es un derecho constitucional el acceso a la información. Al colocar cerrojos y candados en la información delatan que hay asuntos que quieren escondidos y olvidados. La deuda contraída tenemos que pagarla los ciudadanos ¿Cómo pueden decirnos que no tenemos derecho a saber cuánto debemos y en qué gastaron ese dinero?
En las primeras indagaciones, aun sin la información solicitada, la Contraloría ha encontrado unos cuantos pescados podridos. Los políticos y la transparencia no se llevan bien. La comunicación política tiene la tendencia a vender imágenes positivas pero falsas y ocultar aspectos negativos pero reales. Los ciudadanos ya no podemos confiar en que nos informen a tiempo y claramente lo que hacen en nombre del país. La prensa, todavía está sometida a limitaciones y eso explica que asuntos fundamentales de nuestro país nos enteremos por medios internacionales.
Nuestros representantes se han acostumbrado a negar o decorar la verdad aunque a la larga se vean obligados a reconocerla. Así ha ocurrido con la nacionalidad y el estatus diplomático para Julian Assange.
Cambiamos de gobierno, pero no han cambiado las prácticas políticas nebulosas de conciliábulo y secreto. Para muestra está el archivo del juicio político al ex vicepresidente, valiéndose de tinterilladas que no alcanzan para tapar las vergüenzas. El inicio de la campaña para las alcaldías se anuncia con muchos aspirantes y aspiraciones pero pocas innovaciones.
Centenares de movimientos políticos se disputarán unos cuantos candidatos que estrenarán nuevas camisetas políticas que no esconderán las viejas prácticas electorales. Ya tuvimos al primer aspirante que se cambió de partido para pocas horas después, arrepentido, volver al partido anterior ¿El candidato depende del partido o el partido del candidato?