La imagen de un convoy de camiones con grandes logos blancos y azules del Programa Mundial de Alimentos ha sido por mucho tiempo la foto asociada con el trabajo del PMA, organización conocida por llevar alimentos a personas afectadas por conflictos alrededor del mundo.
En 2011, cuando me familiaricé con su labor, su presencia en el Ecuador se debía a los efectos del conflicto colombiano. Durante décadas, este conflicto ha obligado a cruzar la frontera hacia Ecuador a centenas de miles de familias para escapar de amenazas, o por haber sufrido pérdidas humanas.Algunas de esas personas han sido reconocidas por el Ecuador como población refugiada, es decir, personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas ya sea por la violencia generalizada, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público. El trabajo del PMA en el Ecuador era atender a esas víctimas del conflicto, de este lado de la frontera.
Pero su forma de trabajo no se limitó a de la imagen tradicional de llevar alimentos a las familias refugiadas. Uno de los principios que guió su labor en esos años fue atender también a la población que acogía a las familias refugiadas y que atravesaba similares situaciones de carencia económica.
Familias ecuatorianas y colombianas se beneficiaron de la asistencia proporcionada con fondos internacionales canalizados a través del PMA. Pero además, en esos años se produjo un cambio fundamental en el trabajo de esta agencia de la ONU: tras un estudio comparativo sobre distintas formas de proporcionar la asistencia alimentaria, dejó de entregar a los participantes de sus programas paquetes de alimentos (que en gran parte venían de gobiernos donantes). En su lugar empezó a darles tarjetas -también financiadas por donantes internacionales- para comprar alimentos en pequeñas tiendas locales.
Las tiendas que eran parte de la red tenían como proveedoras a asociaciones de pequeños productores locales. En provincias como Carchi e Imbabura, las asociaciones de pequeños productores también proveían al PMA de productos para los almuerzos escolares, en un esfuerzo conjunto con los gobiernos locales. Se privilegió la participación de asociaciones con mayoría de socias mujeres, o lideradas por mujeres.
Algunas refugiadas encontraron un medio de vida en estas agrupaciones, convirtiendo a sus familias en pequeñas unidades agropecuarias. Así contribuían en algo a las comunidades que las habían acogido tras su huída. El PMA y los gobiernos locales fomentaban en esas fincas el cultivo limpio que evita productos químicos.La llegada de una nueva población refugiada y migrante, esta vez desde Venezuela, y la pandemia de covid-19 han hecho necesaria nuevamente la asistencia del PMA. Es de esperar que el Nobel ayude a su labor de recaudación de fondos entre países donantes, para luchar contra la inseguridad alimentaria.