Canadá no es el país más amable de la tierra cuando de indígenas y nativos se trata. Este país miembro del G-8 y además parte de la OTAN y la OCDE ha mantenido por décadas –mejor diría un par de siglos- a sus naciones aborígenes en la más extrema pobreza, exclusión y, en un momento de su historia, hasta reclusión, cuando decidió mandar a muchos de los pequeños aborígenes a internados escolares para ser “civilizados”. Cada año hay una nueva comunidad que está al borde de desaparecer por crisis alimentarias, falta de agua o simplemente extrema pobreza.
Las condiciones en que viven muchas comunidades del norte deberían indignar a cualquier alma caritativa: la mayoría de ellos vive hacinada en contenedores de carga, casi sin ventanas y con apenas servicios básicos. Cuando yo les digo orgullosa a mis estudiantes que en mi país, la primera Ministra de Relaciones Exteriores fue indígena y que los indígenas han ocupado puestos en el Gabinete, cosa que casi nunca pasa en Canadá, muchos se sonrojan.
Se dirá que ya el actual primer ministro pidió públicamente disculpas por esos “errores históricos”, pero los problemas de fondo siguieron intocados… Hasta el último diciembre, donde dos cosas importantes pasaron simultáneamente: un grupo de jóvenes aborígenes creó el movimiento “Idle no more” que traducido al español significaría “No más desidia” y una líder aborigen empezó una huelga de hambre pidiendo la atención del primer ministro. No hay nada como la fuerza movilizadora de la sociedad para terminar un silencio cómplice que ya había durado mucho. Esta se ha convertido en una oportunidad única para discutir abiertamente un tema que es mucho más agudo que el deseo separatista de Québec: cómo el Canadá colonizador trata a los dueños originarios de estas tierras.
El contexto no puede ser más favorable para los nativos.
La fiebre de oro negro en la que está embarcado el Gobierno ha puesto sobre la mesa de negociaciones los derechos de acceso a las tierras y recursos naturales a las poblaciones aborígenes. El Gobierno –como suele suceder- ha usado el tradicional recurso de “divide y vencerás”, ofreciendo beneficios desiguales a comunidades afines, pero esta estrategia nunca sirve para el largo plazo, menos aún cuando los beneficios de las actividades extractivas nunca son discutidos poniendo sobre la balanza las consecuencias para sus formas de vida.
Como dijo uno de los jefes tribales este viernes: ellos no sólo demandan dinero, sino el debido proceso al consentimiento informado previo y una discusión profunda sobre la conservación de su hábitat ancestral. Los indígenas están dispuestos a una resistencia larga, que incluye demandas antes los tribunales internacionales contra el Gobierno de Canadá.
La movilización social pide que se termine la desidia. Esperemos que el Gobierno canadiense sea suficientemente justo para entenderlo así.