La reacción estatal a la masacre del que fueron víctimas los taromenane, es un compendio de omisiones, deslices y dilaciones.
Los primeros días, luego de hacerse público lo sucedido, se puso en evidencia la limitada capacidad institucional para manejar adecuadamente un evento de tal complejidad; algunas autoridades parecían más interesadas en evitar la difusión de las imágenes de los cadáveres (indiscutiblemente fuertes) que en proteger a las sobrevivientes, establecer lo sucedido y tomar medidas para prevenir hechos similares.
Ocho meses más tarde, luego d e varios anuncios y acciones contradictorias, la Fiscalía solicitó y obtuvo la detención de varios “guerreros” waoranis, que habrían participado en el secuestro de dos niñas y en el asesinato de más de 20 personas.
Algunos sectores han defendido la no intromisión estatal en este caso. Consideran que las respuestas deben provenir del mundo indígena, cualquier acción de la justicia occidental es vista como una amenaza a los derechos colectivos de los pueblos ancestrales.
En este caso, una perspectiva así podría calificarse como ingenua; es un evento que difícilmente podría describirse como expresión de “prácticas tradicionales ancestrales”, el contacto, casi la asimilación, de una de las partes al mundo occidental hace que este enfoque en realidad sea una puerta a la impunidad y no el reconocimiento de un derecho ¿qué de tradicional tiene una partida de hombres con armas de fuego que ejecutan a un grupo de personas que se defienden con lanzas de madera? De todos los temas, el peor manejado, sin duda, ha sido el de la (des)protección a las dos niñas plagiadas, tomadas como botín por parte de los asesinos de su familia, y de acuerdo al relato de Cabodevilla, quienes ejecutaron a su madre frente a ellas.
Estas pequeñas, de tres y siete años, fueron trasladadas a la fuerza a un entorno cultural distinto, alejadas de los suyos, obligadas a permanecer con extraños -algunos responsables de la masacre de su comunidad-, viviendo de acuerdo con nuevas pautas de crianza, vestido y alimentación, sin atención específica o especializada, sin ninguna mediación cultural.
Ahora han recibido un nuevo golpe a su precaria estabilidad, una de ellas ha sido “rescatada” por la fuerza en un operativo en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia; posteriormente transportada en helicóptero a la ciudad e ingresada en un hospital, una niña que nunca ha tenido contacto con nuestra civilización ¿por qué esperaron tanto tiempo para separarlas de sus captores? ¿Por qué permitieron que las dos hermanas permanezcan separadas? ¿Y la integridad y vida de la más pequeña? Este es un evento que debería ser usado como ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas, especialmente cuando se encuentran involucradas dos niñas que deben ser tratadas como víctimas y no como “testigos protegidos”.