El embajador de los EE.UU., A. Namm, dijo una verdad (23-XI-13) que ningún ecuatoriano deja de reconocer como evidente: la injerencia por parte del Ejecutivo en la administración de justicia del país, en todo proceso que interesa personalmente a los titulares o políticamente al conjunto.
Los testimonios y documentos que lo prueban suman cientos, su cantidad y calidad son suficientes para una condena con certeza. Ninguna encuesta o sondeo de opinión será menor al 75% en cuanto a esta percepción. La realidad está avalada, incluso, por la confesión del Ejecutivo sobre la efectiva “metida de manos en la justicia” y, además, por los miles de quejas plañideras de los jueces que, en voz baja, cuentan de la visitas, las llamadas, las advertencias, los consejos y las amenazas que reciben a diario por parte de empleados del Ministerio de Justicia y de allegados al Gobierno.
¿Acaso constituye secreto las decenas de destituciones de jueces por supuestos y forjados errores inexcusables a causa de haber fallado con independencia? ¿Se pueden ocultar las sentencias condenatorias por prevaricato a jueces que pretendieron amparar derechos de personas contra actos del poder público? ¿Pueden convencer a alguien que los concursos para ocupar los cargos judiciales han sido transparentes y sin direccionamiento a los amigos del Gobierno, del Partido o de los directivos provinciales del mismo? ¿Se quiere negar el paquete de instrucciones a los jueces a través de los ministerios? Si las respuestas son las de negar estos hechos no pasan de estructurar un discurso para «idiotas», expresión que debe ser entendida en el sentido de su etimología griega.
Cualquiera que haya viajado al exterior en plan académico se ha encontrado con el tema en el público. Los malos ejemplos judiciales de Ecuador y Venezuela fueron, incluso, de los temas de campaña contra Zelaya -del eje de la Alba que determinara la pérdida de su cónyuge en las recientes elecciones de Honduras. El embajador Namm sólo describió la triste realidad nacional afirmando que ese tipo de ejercicio del poder es incompatible con las normas que el Ecuador suscribió prometiendo respetar, proteger y hacer cumplir, constantes en la Carta Democrática Interamericana (OEA) y que eso causa preocupación a su Gobierno, como al de todo país que viva en real democracia.
Es una defensa obtusa negar un hecho que, por notorio, es innegable. Burlas causa el argumento que es invento de la oposición. Con «elegantia juris» la voz oficial debe reconocer que la Revolución ha “metido las manos en la justicia” porque Ecuador es un Estado soberano, sin obligaciones con la civilización. No quiere su Gobierno ser símil de las democracias extrañas que reclaman jueces independientes e imparciales. ¡Sanseacabó!