Ernesto Albán Gómez

Necesitamos instituciones

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La tarea profiláctica que desarrolla el Consejo de Participación Ciudadana transitorio es indispensable; pero tiene un carácter excepcional y no es suficiente para restablecer la plenitud de la institucionalidad del país.

Necesitamos aquellas instituciones sólidas, propias de un sistema democrático, que prácticamente desaparecieron en estos últimos años, una vez que entró en vigencia la Constitución de Montecristi. Por cierto que aun antes pudimos presenciar atropellos jurídicos bochornosos, como la instalación del Congreso de los manteles.

Ahora mismo la situación es muy clara: la Constitución estableció la estructura de un estado autoritario, más próximo a una dictadura que a la democracia, que se vendió al país con el ladino discurso de que se estaba favoreciendo la participación de los ciudadanos.

Tal cosa, por supuesto, nunca ocurrió. Como se ha repetido una y otra vez, el Consejo de Participación, lejos de representar a los ciudadanos, fue el mecanismo perverso que permitió la concentración del poder en una sola persona, mediante sus atribuciones de designar, directa o indirectamente, a personas o instituciones fundamentales para garantizar la legitimidad del ejercicio del poder público.

Es evidente, entonces, que ese Consejo debe desaparecer más pronto que tarde. Lo aprobado el 4 de febrero apenas maquilla a la institución, pero deja intocados sus poderes.

Para eliminar al Consejo hace falta una reforma a fondo de la Constitución o, mejor todavía, una nueva constitución. Mejor, porque el adefesio constitucional que nos dejó Montecristi hace agua por muchos costados, y no solo se trata del Consejo de Participación Ciudadana, las falencias aparecen por todos lados, desde su desmesura y desorden hasta sus novelerías pseudo revolucionarias.

Por otra parte, no podemos ni debemos olvidar las nefastas reformas del 2011 (meter las manos en la justicia) y del 2015 (reelección indefinida), que agrandaron todavía más los agujeros iniciales).

Admito las dificultades políticas que surgen para llevar adelante esta propuesta, pues aun para la reforma, y no digamos para una nueva constitución, haría falta una asamblea constituyente con toda la complejidad de su convocatoria, elección y reunión.

Me temo, sin embargo, que no hay otro camino. Y no en particular para los años en que continuará el período del actual gobierno, que tiene, hay que reconocerlo, un talante democrático; pero una vez que este concluya ¿qué podrá ocurrir en el futuro? No estamos vacunados contra los populistas, los demagogos y los proyectos de dictadores con algún pretexto revolucionario.

Insisto en mis palabras iniciales: no basta la depuración emprendida, que es una tarea de emergencia y excepcional, es decir que no podrá prolongarse más allá de los plazos establecidos en la propia consulta. Tenemos que pensar más allá, en el futuro.