Milagros Aguirre

Muletilla

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Jueves 06 de febrero 2020

Entre las varias herencias de la revolución ciudadana está una muletilla que se usa para todo y se compone de tres palabras: “estado de derecho”. El vecino que no quiere pagar las cuotas del vecindario argumenta, con jeta, que “no hay estado de derecho” porque no hay pliegos de estatutos en un edificio de tres pisos y con ese argumento, no paga. No sirven de nada ni la palabra ni los compromisos. El qué más incumple es quien más usa la muletilla del famoso “estado de derecho”. Y con ello no cumple ningún acuerdo.

Eso, que pasa de manera doméstica, pasa en las grandes empresas. Para muestra, un botón: un “Acta de Trabajo” entre la estatal petrolera y una comunidad, Huamayacu, donde la empresa amplía la plataforma de un pozo, firmado en 2011. Ahí, la comuna tiene que presentar papeles, nombramientos, listados actualizados y notariados de los comuneros para firmar el acuerdo porque se vive un “estado de derecho”, mientras que la empresa no tiene que presentar nada. La comuna tiene que tener la firma del Presidente y la empresa, no. No hace falta ni la firma del gerente ni la del representante legal o del ministro: basta la del supervisor de relaciones comunitarias, pero, las partes, dice el acuerdo, “reconocen que es de interés nacional el mantenimiento del estado de derecho y la continuidad de las operaciones hidrocarburíferas, por lo que dejan expresa constancia que los compromisos son para cumplirlos y reafirman la obligación de respetar el ordenamiento legal del país”. En definitiva… el patrón no cumple nada ni necesita requisito alguno y el dueño de la tierra no puede ni reclamar porque se vive un “estado de derecho”.

La empresa se compromete a construir una cancha de uso múltiple, 32 baterías sanitarias, una por familia, y cuatro baterías sanitarias para la escuela; cuatro computadoras con impresoras (lo único que ha cumplido hasta ahora); obtener de las autoridades la suscripción de un convenio (no visto) y gestionar ante los organismos del Estado el acompañamiento a la comunidad. Y la comunidad, además de dar su tierra para la plataforma y el pozo petrolero, tiene que gestionar y presentar proyectos “enmarcados en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir así como en los planes de desarrollo local de la provincia”. Es decir, los comuneros tienen que trabajar, leer el Plan Nacional, escribir, redactar, hacer un presupuesto y poner la vela a algún santo para que salga o no el proyecto, que además, tiene que ser presentado con la venia de todos los comuneros, con las firmas y las actas notariadas de las asambleas comunitarias.

El “estado de derecho” parece que se utiliza para vulnerar cualquier derecho, para obstaculizar cualquier proceso, para demorar cualquier trámite, para poner trabas, casi siempre, al más débil y para evadir cualquier responsabilidad.