Segregación en el transporte
La segregación de género en el transporte público es una respuesta que varias ciudades han implantado para enfrentar el abuso y el acoso sexual contra las mujeres. Muchas personas critican esta medida por considerarla un parche que no encara el problema central que da origen a esas prácticas: las relaciones de poder que se expresan en la violencia de genero en el ámbito privado y en el espacio público.
Se sostiene que es equivocada porque -se dice- materializa y profundiza la diferencias que se quieren eliminar y, de cierta forma, se acepta a la violencia contra las mujeres como algo natural consecuencia de su debilidad e incapacidad para defenderse. Debemos mirar los resultados obtenidos en ciudades como México D.F., en donde esta medida se implementó en el año 2002; allí los estudios dan cuenta de que la segregación, como medida temporal en el contexto de un servicio inadecuado para todos los usuarios, en el que no todos se exponen a los mismos riesgos y abusos, puede ser una poderosa herramienta en la lucha contra la discriminación, siempre que sea parte de una campaña y no una respuesta aislada.
Se requiere promover, a partir de la creación de un servicio exclusivo (de uso voluntario), un cambio en la percepción social sobre el rol de las mujeres en el espacio público; el establecimiento de sistemas de vigilancia y judicialización inmediata de las denuncias que se hagan por acoso o abuso que se den en esos espacios, lo que implica considerar como un delito a cualquier forma de acoso, incluyendo las agresiones verbales, insinuaciones, los toqueteos (y obviamente las formas más graves como la violación); el establecer sistemas de denuncia sencillos y castigando a los responsables sin importar la vestimenta de la víctima, la hora, el lugar o las condiciones en la que esto se dé.
Existe la idea equivocada de que el abuso en el transporte es un problema exclusivo de sociedades marcadas por la discriminación, la violencia o con sistemas deficientes y mal organizados. Sin embargo, hace poco tiempo en Londres -uno de los mejores sistemas de transporte del mundo- se estableció que el 15 por ciento de las usuarias había sufrido abusos, por lo que organizaron de inmediato una campaña que incluyó la capacitación de cerca de 2 000 funcionarios que resultó en un incremento del 20 por ciento de denuncias.
Más allá de esta medida, queda en claro la necesidad de trabajar para asegurar que el espacio público sea seguro para todas las personas, en particular para las más vulnerables; algunas soluciones temporales pueden contribuir a cambiar esa situación. Rechazar sin más la decisión del Concejo Metropolitano anterior, de crear un transporte público de uso exclusivo para las mujeres, sería un error; la violencia de género, en cualquier ámbito, es una amenaza para la libertad y autonomía de todas las mujeres y un freno a cualquier intento de democratización de una sociedad.
