Arturo Moscoso Moreno

¿Dónde deben estar ellas?

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 6
Sorprendido 0
Contento 11
Viernes 06 de marzo 2020

Aunque las mujeres constituyen más del 50% de la población ecuatoriana, su participación política siempre ha estado limitada por el machismo atávico de los ecuatorianos y la consecuente discriminación, abierta o velada, de que son objeto constantemente pese a los logros obtenidos a través de su incansable lucha por sus derechos.

De esta manera, a pesar de que en 1929 Ecuador fue el primer país latinoamericano que instituyó el voto femenino gracias a Matilde Hidalgo, siendo ella, junto con Bertha Valverde, las primeras mujeres electas a un cargo de elección popular en el país en 1930, el avance en sus derechos políticos aún tiene grandes limitaciones.

Así, en 2004 se consiguió que las listas pluripersonales se conformen con una relación de 40% y 60% entre ambos sexos y en 2008 que sean integradas paritariamente de forma alternada, lo que, sin embargo, al combinarse con listas abiertas, no sirvió de mucho. De esta forma, en 2017 fueron electas para la Asamblea Nacional 54 mujeres de 137 legisladores, es decir, apenas el 39,42%; mientras que, pese a que en las elecciones seccionales de 2019 el 47,9% de candidatos fueron mujeres, solo 18 de 211 municipios son dirigidos por ellas.

En la última reforma electoral se ratificó que las candidaturas pluripersonales deberán presentarse en listas conformadas de forma paritaria y alternada y que, además, al menos el 50% de las listas que presente una organización política, deberán ser encabezadas por mujeres. En las elecciones unipersonales, de igual forma, el 50% de los candidatos deberán ser mujeres. Esto, sumado al establecimiento de listas cerradas, creará un efecto positivo en la representación política de las mujeres, pero ¿es suficiente?

De acuerdo a un reciente reporte de la Corporación Participación Ciudadana, las mujeres con representatividad pública son frecuentemente víctimas de violencia política, siendo agredidas principalmente con la desvalorización de su rol de género, reproduciendo el estereotipo de que son menos capaces que los hombres para ejercer esos cargos y que deberían “estar en la cocina”.

De esta forma, si bien las medidas de cuotas o paridad obligatoria, conocidas también como discriminación positiva, pueden considerarse controversiales e incluso injustas, cuando la discriminación a la mujer es tan marcada se hacen indispensables, pero no son las únicas que se deben tomar, existiendo la necesidad de implementar otras, más profundas y que ataquen los estereotipos y la cultura política de los ecuatorianos, como, por ejemplo, educar con enfoque de género, a fin de que llegue un momento en que dejen de ser necesarias. Solo de esta forma las mujeres podrán participar plenamente de la vida política del país y, en función de sus méritos y capacidades, estarán donde deban estar.