Hemos llegado a un punto en el que o nos sinceramos y ponemos todos los puntos sobre las íes o esta relación tortuosa entre mandantes y funcionarios se va al diablo. Pero al diablo de verdad, como pasaba hace años; esta situación amenaza con terminar con burócratas de todo rango descabezados (es figurativo, una forma de hablar, no se asusten) si es que no se pone un alto al sinsentido político y administrativo del Estado. O nos ponemos de acuerdo en una forma de gobierno sensata o nos desbarrancamos todos.
Aprovechemos la ola de cambios que comanda el Ejecutivo para salir de uno de los mamotretos mayores: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es tarea del poder legislativo aclarar quién mismo representa a la ciudadanía: ¿la Asamblea Nacional o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es impensable que uno y otro convivan, no hay orden jurídico serio que soporte un esquema de este tipo.
Y quienes digan que dicho Consejo fue voluntad del pueblo, que está consagrado en la Constitución y que por lo tanto es intocable, pueden ir con su cuento chino a otra parte, porque no fue nada más que una leguleyada magistral, aprobada en Montecristi. Desde el inicio, el dizque Consejo de Participación solo ha servido para cooptar y anular la participación ciudadana y para hacer imposible la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.
La sola idea de una entidad así conlleva el germen del sinsentido. Para qué, entonces, sirven los otros organismos estatales, como Contraloría, Fiscalía o Asamblea si no es para garantizar la transparencia del ejercicio de la función pública a través del control y la fiscalización. A esto se suma que, según quienes se inventaron esta institución mostrenca, los ciudadanos estaríamos pintados al óleo, porque bajo este esquema solo podemos participar y armar una sociedad, tutelados política, intelectual y logísticamente por el Estado.
Por esta razón, el punto no es quiénes estén en el Consejo de Participación, sino que el Consejo mismo, como concepto y como entidad, no debe existir. Es una aberración. Y debe morir. O si existe, entonces la que no debería existir es la Asamblea Nacional. ¿Para qué necesitamos dos organismos que representen a la ciudadanía?
Como el tiempo y nuestra paciencia corren en su contra, señores asambleístas, a partir de hoy ya pueden empezar a debatir: ¿O ustedes o el Consejo de Participación? Si en lugar de pasar cuidándose las espaldas (que es para lo que muchos de ustedes buscaron el fuero) se dedicaran a buscar la vía jurídica para acabar con el famoso Consejo, su tiempo estaría mejor invertido. Así nos evitamos todos dolores de cabezas o cabezas cortadas (nuevamente, es una forma de hablar; no se preocupen, pero tampoco se despreocupen).