En su obsesión por demoler la democracia representativa, la Asamblea de Montecristi potenció la consulta popular y sus diversas expresiones (referendo, plebiscito y revocatoria del mandato) sin advertir las graves distorsiones que una mala concepción de estas fórmulas podría provocar en nuestra frágil democracia. La avalancha de peticiones de revocatoria del mandato ha comenzado a desbordar la capacidad de la CNE y esto es tan solo el comienzo.
La Consulta Popular es un instrumento que complementa la democracia representativa pero que en ningún caso sustituye al Parlamento, a los partidos políticos o a los diferentes órganos del sistema. Su adecuado funcionamiento exige instituciones políticas sólidas y una población políticamente instruida e informada. Sin estas condiciones, la democracia directa se convierte en una herramienta nefasta al servicio de populismos irresponsables que manipulan la participación ciudadana para favorecer intereses mezquinos.
La Constitución del 98 contempló ya la figura de la revocatoria como un mecanismo excepcional para remover exclusivamente a alcaldes, prefectos y diputados por actos de corrupción o incumplimiento de su plan de trabajo. Su instrumentación requería el respaldo de al menos el 30% de ciudadanos empadronados en la respectiva circunscripción y eso colocaba una barrera razonable para controlar el mecanismo y no trivializarlo. Los constituyentes de Montecristi y sus asesores españoles ampliaron y flexibilizaron esta fórmula sin imaginar que el tiro les saldría por la culata y que sería AP la que sufriría en mayor grado las consecuencias de esta malhadada receta. Ahora, muchos funcionarios deben preocuparse de su revocatoria, gastando tiempo y recursos de los contribuyentes, y enfrentar, en muchos casos, zoquetadas inspiradas en ambiciones o intereses de sus rivales políticos.
Un claro ejemplo de la novatada constituyente de Montecristi es el proceso de revocatoria que se pretende instaurar en contra del Alcalde de Quito. Podemos discrepar con su ideología o con sus fórmulas precisas pero es de justos reconocer su valentía y firmeza para enfrentar el grave problema de la movilidad de Quito y exigir a sus habitantes, una corresponsabilidad en las soluciones. En una ciudad con tanto caos y problemas, asumir las decisiones correctas no es popular. Que un Alcalde renuncie a ser mendigo del Gobierno y sacrifique su popularidad momentánea para solucionar problemas estructurales de la urbe es algo que merece apoyo y respeto. Sin embargo, gracias a las fórmulas de Montecristi, han surgido oportunistas que pretenden interrumpir la marcha y sacar al Alcalde por tener el coraje de movilizar a los ciudadanos y exigirles su parte. Estos son los efectos perversos de las novelerías de Montecristi.