El problema surgido entre el Vaticano y el Ecuador, a propósito del nombramiento de una autoridad religiosa en Sucumbíos, ha sorprendido a todos. La manera de afrontarlo no ha sido la más aconsejable. La publicidad dada al desacuerdo ha radicalizado las posiciones.
Las relaciones entre el Ecuador y el Vaticano están regidas por el derecho internacional público y, específicamente, por el Modus Vivendi suscrito en 1937. En este tratado internacional se reconoce el derecho de la Santa Sede de designar “arzobispos, obispos y coadjutores con derecho de sucesión”, pero se pide también que el nombre de la persona elegida sea comunicado al Ecuador, “a fin de proceder de común acuerdo a comprobar que no hay razones de carácter político general para que opte tal nombramiento”. El Modus Vivendi prescribe que el procedimiento de consultas se cumpla en reserva y con diligencia.
Ninguna medida de prudencia estaría por demás en este campo porque, si bien el Modus Vivendi es un convenio entre estados, su “materia” corresponde a las relaciones entre la Iglesia y el poder civil, lo cual, dado el carácter mayoritariamente católico de la población ecuatoriana, puede suscitar situaciones sensibles, que se deben evitar. No cabe colocar a la población católica del Ecuador en la injusta disyuntiva de escoger entre su lealtad al país del que forma parte y su lealtad a la religión que profesa.
No se trata, en este caso, simplemente de esgrimir argumentos derivados de la interpretación jurídica del Modus Vivendi, sino de dar muestras de ejemplar prudencia y seriedad en el tratamiento de un tema de especial importancia y, por lo tanto, de evidente complejidad.
Como tan frecuentemente sucede en estos tiempos revolucionarios, el recurso a la tribuna pública y al apoyo popular no ha servido sino para exacerbar los ánimos y dificultar la solución del problema.
El obispo remplazado en Sucumbíos había ejercido su acción pastoral por largos años y ganado, en consecuencia, el afecto de la población. Su retiro se produjo porque alcanzó el límite de edad previsto por las normas vaticanas aplicables. En su reemplazo, la Santa Sede escogió a un miembro de una congregación conocida en el Ecuador -justa o injustamente- por su carácter radical. No hay duda que Roma tenía derecho para tomar tal decisión, pero ¿fue prudente hacerlo, cuando se conocían los sentimientos de una buena parte del pueblo de Sucumbíos? Por otro lado, ¿procedió el Gobierno con sensatez al oponerse públicamente a dicha designación?
El presidente Correa, luciendo su camisa bordada con símbolos, ha enfilado su artillería verbal contra la congregación a la que pertenece el religioso designado aduciendo que su hábito porta símbolos medievales de la época de Las Cruzadas. ¡Tremenda y demoledora crítica!