César Augusto Sosa

El modelo de la papa frita

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Lunes 06 de noviembre 2017

En el 2014, el Gobierno promocionó el nacimiento de una empresa procesadora de papa, en Carchi. Esta compañía se convertiría en el símbolo del cambio de matriz productiva en el país, pues iba a reemplazar las importaciones de papas tipo bastón, muy demandadas por las cadenas de comida rápida.

Pero en abril del 2016, esta empresa entró en un proceso de liquidación, por estar inmersa en el numeral 6 del Art. 361 de la Ley de Compañías, es decir, por registrar pérdidas del 50% o más del capital social.

La empresa en cuestión nació bajo la protección del Gobierno, el cual empezó a restringir la importación de papas congeladas porque creía que había la capacidad de producirlas localmente. El modelo era proteger la industria nacional porque genera empleo, evita la salida de dólares y puede llevar a la papa nacional a conquistar el mercado mundial. Algo similar se quiso hacer con la salsa de tomate y la mayonesa.

Pero la realidad fue otra. La protección del Estado no fue sostenida, faltó crédito, el mercado no respondió y las papas importadas terminaron por imponerse. En resumen, las papas extranjeras fueron más competitivas que las nacionales.

Ahora se quiere insistir en el mismo modelo. El Gobierno, o varias autoridades del Régimen, están convencidas de que el incremento de aranceles, la aplicación de una tasa de control aduanero o cualquier otra medida que restrinja las importaciones son herramientas válidas para proteger a la industria nacional, controlar el contrabando y evitar que salgan los dólares del país. De por medio también hay una necesidad fiscal.

El tema de fondo es que el Gobierno quiere decidir lo que se debe producir en el país, encareciendo varios productos importados para fabricarlos localmente, aunque solo tengan futuro en territorio nacional. Los gobiernos modernos se enfocan en crear las condiciones para que cualquier industria sea competitiva, pero eso implica que la decisión de qué producir venga de los empresarios, no del Gobierno.