Según el calendario de elecciones del 23 de febrero próximo, el 16 de diciembre se debió comenzar el proceso de impresión de las papeletas. Para ese día, el padrón tendrá 11 682 314 de sufragantes.
Al elegirse prefectos, viceprefectos, alcaldee, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales, un elector recibiría como mínimo tres papeletas. Es decir que desde la imprenta saldrán algo más de 35 millones de boletas. Sin embargo, los tiempos parecen ajustarse en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aún quedan 15 apelaciones de candidaturas por resolverse y, al menos en teoría, deberá evacuarlas hasta el 25 de diciembre. Si bien podría ser antes, en la tarde del viernes, en el TCE confirmaron que no se llevaría a cabo el Pleno para resolverlas. Mientras tanto, al CNE le queda todavía una impugnación por zanjar, de las 56 que llegaron desde las distintas juntas electorales provinciales.
Pero no es el volumen de impresión lo que debería preocupar, para Omar Simon y Fausto Camacho, respectivamente expresidente y exvocal del CNE, porque se podría dejar para el último las de aquellas jurisdicciones que están pendientes de una resolución.
Lo que sí se trata es de una tarea laboriosa, sobre todo en aquellos denominados “documentos de datos variables”, como las actas o los padrones electorales para cada una de las 40 763 juntas receptoras del voto. Pero en el CNE como en el Instituto Geográfico Militar (IGM) “hay la experiencia suficiente para que se pueda imprimir la totalidad de papeles en tres o cuatro semanas”, dice Camacho.
Estas demoras, sobre todo si se compara con otras elecciones, tienen una razón de ser. Según Simon, en el país se vive un sistema político distinto a los tiempos en que solamente existía el Tribunal Supremo Electoral y no se tenía la instancia de justicia electoral, el TCE. Por lo tanto, “eso acortaba mucho los tiempos”.
El Código de la Democracia tiene un vacío en la fijación de fechas para las cosas realmente importantes, “como la convocatoria a elecciones y, sobre todo, no plantear los tiempos para la selección de candidaturas en las organizaciones políticas”, según Camacho.
En el primer caso, el Código de la Democracia señala que debe convocarse a elecciones al menos 120 días antes de los comicios y las organizaciones deberán registrar las candidaturas, luego de un proceso de democracia interna, cuando menos 91 días antes del cierre de la campaña, que en ese caso será el 21 de febrero.
Camacho cree que el Código debería plantear que el proceso de democracia interna se realice por lo menos entre 120 y 150 días antes del cierre. Así, “para cuando se convoque a elecciones, ya se sepa quiénes son los candidatos” y no la “alcahuetería” de que se sigan resolviendo las candidaturas un día antes del cierre de inscripciones.
Y aunque esos plazos se cumplan, podría demorarse aún más la impresión de papeletas de esas jurisdicciones en conflicto electoral. Las organizaciones políticas cuyos candidatos no fueron avalados por el TCE, tienen el derecho a presentar una alternativa hasta dos días después del fallo.
Aquello ocurrió con Carlos Falquez Batalla, alcalde de Machala y aspirante a la reelección por el PSC. Su participación fue rechazada por el TCE por tener contratos con el Estado. En su reemplazo el 15 de diciembre se inscribió a su hijo Carlos Falquez Aguilar.
Las apenas 48 horas de plazo para encontrar a quien sustituya al rechazado, podría entorpecer la obligatoriedad del proceso de democracia interna para la selección de candidaturas. Además, el nuevo candidato deberá someterse al régimen de validación de candidaturas (objeción, impugnación y apelación). Hasta llegar al TCE, cuyos fallos son inapelables, podrían transcurrir entre 15 y 20 días.
El resultado de esto es que podría generar un nuevo problema: el 7 de enero, cuando se inicie la campaña electoral, se esté deliberando sobre la participación o no de algún candidato, quien en su espera no podría hacer campaña ni recibir recursos del CNE.
“No se trata de un vacío” dice Simon, expresidente del CNE. Lo que ocurriría es que ese eventual candidato que espera de las resoluciones del CNE y del TCE no podría hacer campaña ni recibir recursos. “Pero esperar que concluyan todos los procesos para arrancar (con la impresión de papeletas), originaría un desastre”.
Si solo se tomara en cuenta la experiencia de este complejo proceso electoral, en el cual debuta la distritalización en 13 cantones del país y se elegirán 5 652 dignidades, la preocupación es relativa en el CNE. No dudan de que las elecciones se llevarán a cabo con normalidad, pero sí les incomoda “la negligencia”, en palabras de Domingo Paredes, su presidente, sobre lo que ocurrió en la provincia del Guayas.
De hecho, Natalia Cantos, coordinadora jurídica del CNE, calculó que incluso podrían llegar dos impugnaciones más desde esa provincia. “Guayas siempre ha dado complicaciones por la cantidad de candidaturas y también falta experiencia en la gente para ser más operativos”. Guayas y Azuay son las provincias con más impugnaciones: nueve. Pero entre ambas hay una diferencia abismal. Mientras desde el Austro ingresaban a la Secretaría del CNE ocho impugnaciones entre el 27 y 28 de noviembre y una el 2 de diciembre, de Guayas recién se las notificó entre el 10 y el 17 de este mes.
En el CNE no se aventuran a hacer predicciones temporales, apenas a decir que habrá que ajustarse durante la impresión en el IGM. Pero sí se animaron a hacer correctivos: en el Pleno del jueves pasado, los cuatro consejeros electorales resolvieron reemplazar a dos vocales de dicha Junta Electoral. Sergio Benítez Rodríguez y José Roberto Navarrete dejarán sus cargos, que pasarán a ser ocupados por Roberto Elías Peralta Benítez y Nicolasa Genoveva Panchana Suárez. Para Paredes, se vuelve prioritario fortalecer a la provincia del Guayas: “Hay mucha desorganización y problemas con los expedientes”.
Pero Simon sostiene que no deben presentarse mayores problemas pues solamente se trata de un tema administrativo.
El Alcalde de Salitre apelará
Francisco León, alcalde del cantón Salitre (Guayas) por Alianza País, dijo que apelará la decisión del Pleno del CNE ante la instancia judicial: el Tribunal Contencioso Electoral. El Pleno del Organismo rechazó su candidatura la semana pasada, debido a que “el mencionado ciudadano se encuentra registrado en otra organización política”. Por ello el organismo advirtió al movimiento político que tiene dos días para reemplazar a este candidato.
Esta impugnación fue presentada por miembros de la Alianza Revolucionaria Salitreña, quienes aducen que el Burgomaestre del oficialismo forma parte del Prian. León lo negó rotundamente y aseguró que su firma fue falsificada, para así constar en la lista de afiliados de dicho partido. Él busca su segundo período.
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