Desde el mismo momento en que los ahora gobernantes accedieron al poder y esbozaron lo que iba a ser su política económica, sostenida en un amplio gasto estatal, esquema que lo han puesto en práctica, muchos analistas hicieron comentarios y alertaron sobre los riesgos que un modelo de esa naturaleza traía consigo. El principal, que en el mediano y largo plazos no era sostenible. Podía ejecutarse mientras ingresaban dólares a la economía, resultado de los altos precios del principal producto de exportación o de las divisas provenientes de la contratación de créditos otorgados, precisamente porque los prestamistas consideraban como un interesante cliente a un país exportador de petróleo. Pero si esos flujos se reducían o eran inexistentes la economía iba a sentir los efectos. Se pidió, por parte de voces a las que se desatendían, que hubiera prudencia en el gasto; y que, tal como se anuncia que se desea hacer ahora cuando los recursos escasean, se convocara a los particulares para que inyecten dinero a la economía, crezcan los nuevos emprendimientos, se amplíen los existentes a fin de darle fortaleza al sector productivo. No se lo hizo, más bien se optó por un discurso agresivo y descalificador creando un ambiente hostil en contra del inversionista, lo que trajo como resultado que no se aprovecharon los años de bonanza para iniciar una acción conjunta entre los sectores que hubiese permitido un crecimiento más fuerte y, probablemente, la generación de ahorro interno.
Sucedió lo impensable y lo que se descartó como hipótesis. Que los precios del crudo descendieran se volvió penosa realidad, ya que a finales del 2014 cuando se avizoraba la tormenta, el precio referencial del barril de crudo considerado en el presupuesto para el 2015 casi duplicaba el valor que servirá para la preparación de la pro forma del 2016. Obligado por las circunstancias, el Gobierno pretende tibiamente atraer al capital privado, pero sus intentos se estrellan con sus propios pronunciamientos que, de tanto en tanto, brotan de algunos funcionarios.
Se busca incentivar a los inversionistas, locales como extranjeros, pero se insiste en que proyectos de reforma rechazados por la ciudadanía vuelvan a la palestra de las discusiones. Ahí hay un asunto que diferenciar. Si el propósito es político y se trata de dar oxígeno al Gobierno, el supuesto afán redistributivo siempre será un gancho muy fuerte. Pero si se quiere realmente estimular la inversión, el actor económico será reacio a invertir si mira en el horizonte que, de una manera u otra, su riqueza podrá finalizar en manos del Estado.
Se puede obtener respaldo político pero no se avanza en el propósito de mejorar las condiciones para la inversión. Y muy probablemente los tiempos futuros, por lo que se ve y escucha, estarán marcados por lo primero. Esto hace pensar que muy poco se podrá esperar de un verdadero golpe de timón a la marcha de la economía. Seguiremos en el mismo modelo agotado, que nos conducirá a resultados impredecibles.