En el cantón San Lorenzo, Esmeraldas, la minería es ilegal. Lo cual es doblemente cierto: es ilegal, porque no se la permite; es ilegal, porque si existe, pero fuera de la ley.
Los detractores de la minería no la pueden detener, sobre todo la aurífera. El Ecuador es rico en oro desde la frontera con Colombia en el Pacífico, donde está San Lorenzo, hasta Zamora-Chinchipe, en el límite con Perú en el suroriente.
La minería ilegal hace noticia en estos días por la muerte el miércoles pasado de cinco personas en un deslizamiento en una mina en San Lorenzo. Las imágenes son desoladoras: se ha arrancado la capa vegetal en una extensa área, y utilizado abundantes químicos que tiñen las aguas del río.
Con motivo de este accidente las autoridades reportan que en San Lorenzo y el vecino cantón Eloy Alfaro hay unos 50 frentes mineros. Los dos cantones juntos tienen 7 mil km2 de extensión.
Ese accidente desplazó de las noticias a otro del mismo día, dos muertos en una mina ilegal de El Guabo, el Oro. Los fallecidos eran trabajadores que ganaban sueldo, pero no estaban afiliados al seguro y la empresa carecía de autorización.
Hay una corriente de opinión que apoya que la minería se desarrolle desordenadamente. Que no cumpla con normas ambientales, los trabajadores no estén amparados por la normativa laboral, y que la extracción de esta riqueza del subsuelo, que pertenece a la nación, no redite en su beneficio, mediante el pago de regalías y tributos al Estado.
Esta es una política del avestruz: no enfrento un problema, lo ignoro, y por lo tanto no existe. Lo correcto es todo lo contrario: contratar la prospección y más adelante la explotación con mineras de prestigio. Tener normas ágiles pero exigentes para autorizar los trámites y supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental, laboral, tributaria. Que la actividad cree empleo. Que su impacto ambiental sea el mínimo posible, y remediable; que exporte, con divisas que entran al país, en lugar de contrabandearse. Y que genere rentas al fisco, que buena falta le hacen.
El presidente Moreno frenó el avance de la minería. Pero las autoridades del ramo no se han cruzado de brazos, y dejan al sucesor una detallada hoja de ruta, en la forma de un Plan de Desarrollo Minero 2020-30. El primer paso es modernizar el catastro minero, abrirlo, y autorizar el inicio de nuevas tareas de prospección.
Si cabe o no la actividad minera legal es un tema de la campaña política: uno de los tres candidatos más opcionados tiene como eje de su plan de gobierno prohibir la gran minería. De ganar la Presidencia un candidato que permita el desarrollo minero, y rescate la potestad del gobierno de decidir si se abre un área a dicha actividad, podremos ver la luz al final de este largo y oscuro túnel en el que ya llevamos 5 años atravesando.