El Ecuador, bajo la bruma electoral, transita de manera inconsciente hacia la hecatombe. Camina al desenlace de una crisis integral económica, política, y moral. Para enfrentarla con éxito se requiere, ser consciente de ella, así como, de un liderazgo ético, sereno y pluralista, que genere confianza en múltiples sectores, y de una voluntad colectiva que promueva un gran acuerdo de gobernabilidad. Lo contrario es el caos.
Tal pacto enfrentaría la debacle económica con bajos costos para los pobres; recuperaría la institucionalidad republicana a través de una Asamblea Constituyente y, establecería procesos de justicia y transparencia para desbaratar la impunidad y la corrupción.
Sin embargo, el acuerdo quedaría incompleto si no se coloca un punto estratégico, la educación. Esto es que, a pesar de la crisis, con los sacrificios que demande, se proteja e incremente la inversión educativa y se establezcan políticas adecuadas para la realización efectiva del derecho a una educación de calidad.
Según el Contrato Social (CSE), el principio del derecho a la educación ya consta en nuestras normas, pero no se concreta. Desde hace 10 años, bajo el lema de recuperar la rectoría, el Ministerio de Educación, copó todos los espacios en detrimento de la palabra y acción de los estudiantes, padres y madres de familia y de los maestros. Se implantó un modelo centralista y autoritario que, además, por disposición constitucional, redujo sustancialmente las responsabilidades en educación de los municipios.
Si bien, en la década, se incrementó el presupuesto y la política educativa tuvo logros en el acceso a la educación básica y bachillerato, los problemas estructurales de abandono y calidad, no solo se mantuvieron, sino se hicieron más complejos, con un modelo homogeneizante y excluyente, cuyo instrumento más eficaz fue el sistema de evaluación estandarizado, que finalmente se transformó en la locomotora de la reforma. Para el CSE, los costos del modelo son muy altos para los estudiantes y sus familias. Cientos de miles de bachilleres no accedieron a la universidad y en proporción similar, niños y niñas, cuyas escuelas rurales se cerraron, tienen grandes dificultades para llegar a las nuevas escuelas, a los “elefantes blancos”, las pocas escuelas del milenio.
La mayor matrícula derivó en hacinamiento en las aulas. Y el profesorado agobiado se alejó de la pedagogía y se ocupó en llenar formularios todos los días. Estos problemas, alejaron a la educación del enfoque de derechos y de una visión integral y liberadora.
La educación, en medio de la crisis, requiere un cambio profundo.
Por esto el pacto, que facilite al próximo gobierno, Lasso o Moreno, impulsarlo con una visión sistémica, no partidista y alejada de la tentación de reinventar todo.