Militares a las calles

Hace unos días en una noticia policial, en una noticia policial de esas que ahora se viralizan, se relataba la forma en la que un anciano de 78 años fue asesinado a puñaladas durante un robo. Las circunstancias son especialmente impactantes y dolorosas. Había salido a caminar temprano en la mañana junto a su hija, fue asesinado en las calles de su barrio, por las que debe haber pasado cientos, sino miles de veces. Murió de forma violenta en manos de asesinos crueles en el lugar donde debía sentirse seguro, tranquilo, protegido. Su hija, unos pocos metros más adelante, alertada por los gritos de su padre poco pudo hacer por él. Imaginen cuanta angustia, desesperación y dolor se vivió. Los asesinos, tres personas jóvenes, se fueron caminando tranquilos sin mirar atrás. No obtuvieron nada del robo, la víctima no llevaba nada consigo.

Difícil no entender, con este y otros hechos parecidos (amplificados por las redes sociales ), la creciente demanda por acciones efectivas contra el delito y la delincuencia. Al margen de cierto interés político que busca instalar la idea de que vivimos en una situación de caos y descontrol, es un hecho que se ha producido un incremento de los delitos y que el Estado está obligado a tomar medidas. No hacerlo -o hacerlo ineficazmente- es una grave omisión que comporta la violación al derecho a la seguridad que no puede reducirse exclusivamente a una dimensión de represión, leyes, policías y cárceles, demanda la promoción del desarrollo, la creación de riqueza, el acceso a empleo, a educación y salud, condiciones para poder vivir en libertad.

No son incompatibles enfrentar la delincuencia y respetar los derechos humanos: prevenir, reprimir y castigar el delito debe hacerse en el marco del respeto a las garantías y los derechos, no hacerlo nos coloca a todos en posición de riesgo: garantizar la seguridad también implica no usar de forma abusiva los instrumentos puestos a disposición del Estado para enfrentar está problemática.

Lenín Moreno ha decidido sacar a las calles a los militares para que participen en tareas de control de la delincuencia, una acción que muchos han considerado adecuada y oportuna, sin embargo, mirando el contexto ésta se percibe como una acción desesperada que ya se ha usado en el pasado y que ha sido poco efectiva y peligrosa. No podemos olvidar, como dejó sentada la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de nuestro país, que los militares reciben entrenamiento dirigido a derrotar al enemigo, y no para proteger y controlar civiles; por ello, se debe asegurar la separación de las funciones militares y de policía en estricto cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo.

Me sumo a la demanda por seguridad, a la demanda porqué el asesinato de una anciano no quede en la impunidad, como muchos de los delitos que se cometen, pero no podemos ceder a la tentación de hacerlo a cualquier costo.

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