La sentencia

Los waorani de Pastaza, sobre todo, las mujeres waorani de Pastaza, se han convertido en estos días en la incómoda piedra en el zapato del gobierno y de las empresas que quieren explotar los recursos petroleros del bloque 22. Los waorani pidieron una acción de protección por su derecho a la consulta previa, libre e informada. La jueza del tribunal del Puyo dio la razón a sus reclamos: el gobierno no realizó consulta previa a las comunidades waorani para la licitación de ese bloque. El gobierno apelará. Pero en realidad no hay mucho que apelar: no solo con los waorani sino con los kichwas y los shuar, con los záparas o con los cofanes de Sinangoe, los procesos de consulta previa, libre e informada, han fallado, no han sido tales y hay evidencia sobre ello.

¿Quién podría estar de acuerdo en hacer válidas o legales consultas que han sido confundidas con reuniones de padres de familia, reuniones de ofertas laborales o presencia de ministerios que ofrecen a los indígenas aquello a lo que tienen derecho con o sin la explotación de su territorio, como educación?

La sentencia obliga al Estado no a apelar, como han dicho, sino a replantearse los temas de consulta. Todo indica que en las comunidades indígenas esto no se aplicó bajo ninguna norma técnica y peor bajo ninguna sensibilidad intercultural, acudiendo al baratillos de ofertas.

El proceso y la sentencia son un referente para el funcionariado y para la insensible burocracia: si quieren seguir explotando recursos en los territorios indígenas deberán preguntar bien clarito y deberán asumir y aceptar la respuesta negativa o afirmativa de la gente, como ha ocurrido en Girón. El “va por que va”, que ha dicho el ministro de hidrocarburos, no es posible. Para que vaya… deberán consultar a la gente de manera transparente. Y puede ser que la gente decida que no vaya. Y entonces, el país deberá replantearse el modelo con el que quiere sostener la economía, que no ha variado mucho desde la conquista (pueden releer a Bartolomé de las Casas y su Brevísima relación de la destrucción de las Indias).

Frente a otros procesos judiciales en los que los waorani han debido intervenir de una u otra manera, este sería el primero en el que se toma en cuenta la urgencia de un diálogo intercultural. La jueza de este caso se ha mostrado sensible a ello, ha hecho un esfuerzo de entendimiento de la situación de un pueblo que tiene pocos años de contacto con la sociedad envolvente, que tiene sus particularidades y su modo de pensar y relacionarse con su territorio y sus formas de entender a la justicia. En otros casos, lo que se ha visto es la comedia bufa de la justicia, sentando en el banquillo de los acusados a cazadores por cazar, a recolectores por recolectar y a guerreros por guerrear, atropellando todos sus derechos, incluyendo su derecho a la defensa.

Suplementos digitales