Un reconocido académico, investigador y escritor de temas sociales y de seguridad sostenía hace poco que en medio de la alarmante situación por la violencia contra la mujer, femicidios, violaciones de menores, agresiones físicas o sicológicas intrafamiliares, el sistema universitario mira indiferente y como si no fuera parte de la solución de los problemas de la sociedad contemporánea.
Preocupado de esta problemática, argumenta que en muchas ocasiones ha ido a centros universitarios, de los cuales incluso por décadas ha sido parte de la cátedra, para proponerles proyectos de investigaciones sobre este tema fundamental de la violencia social, pero la respuesta ha sido negativa con el argumento de que no hay recursos. Cada ocasión que vuelve, carpeta bajo el brazo, le dicen las autoridades: otra vez con lo mismo, pero ahora, ¿trae o no financiamiento para hacer esos trabajos?
La respuesta inmediata del académico: acaso la universidad no hace o no quiere hacer estos trabajos sobre este fenómeno prioritario para el país. Se repite otro no rotundo, porque simplemente la universidad “solo hace investigación científica”. ¿Acaso, este tipo de investigación social no es importante para afrontar las causas y no solo los efectos con la acción punitiva para castigar a los agresores, que nacen en la misma familia y luego proliferan en las calles?
Lastimosamente esa es la realidad y ante la falta de datos completos y al día que debería contar el Estado para poder establecer políticas y estrategias claras a fin de afrontar este fenómeno, se cuenta con el referente de seis de cada diez mujeres recibe algún tipo de violencia física o sicológica y que tenemos los más altos índices de la región de violaciones a menores, niñas embarazadas incluso menores de los doce años, en medio de la impunidad reinante y una autoridad complaciente.
Existen datos que ilustran desde las organizaciones no gubernamentales. El Observatorio Social del Ecuador, en uno de sus últimos informes, daba cuenta que el sistema de protección de la niñez está debilitado. El 7 % de adolescentes entre 12 y 17 años ha considerado suicidarse; 2.115 niñas entre 10 y 14 años de edad dieron a luz en el 2016 y 23.809 entre 15 y 17 años fueron madres de manera tan temprana (datos del INEC). Estas estadísticas ilustran una realidad lacerante de la que debemos preocuparnos todos.
Se trata de un problema cultural que parte de la familia pero que el Estado y la universidad no pueden desentenderse ni endosar esta situación solo a los hogares, en medio de una sociedad que normaliza la violencia contra las niñas y las perpetúa en el rol tradicional propio de sociedades patriarcales: tener hijos, hacerse de un compromiso y portarse bien con el marido (sobre todo atenderlo sumisamente y cocinar bien).