Miguel Rivadeneira

Agenda, no troncha legislativa

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Lunes 13 de mayo 2019

La Asamblea Nacional tiene un gran desafío, en vísperas de la renovación de sus autoridades. En medio del deterioro de su imagen, por sus acciones u omisiones, enfrenta una disyuntiva: viabilizar una verdadera agenda legislativa, que recoja las grandes demandas del país en materia de fiscalización y de legislación, o seguir con el vergonzoso reparto de la troncha a través de las principales dignidades y de las comisiones legislativas.

Ha hecho algo el último tiempo pero no ha logrado superarse aún de la década del nefasto correísmo, que aprobó leyes que intentaron desbaratar la institucionalidad, como el caso de la mal llamada Ley de Justicia Laboral, que tiene sumido en la profunda crisis al Seguro Social, y muchas otras novelerías de la revolución ciudadana que, de haber continuado, el desastre de Venezuela era el camino. Época en que proscribió la fiscalización en medio de una galopante corrupción institucionalizada, que hoy se ha destapado, liderada por el prófugo en Bélgica. Hablaron del entierro del viejo país y la apertura de uno nuevo con la participación de las mentes lúcidas, corazones ardientes y manos limpias, y resultaron todo lo contrario.

En estas condiciones de deterioro, ¿pueden dirigir la Asamblea y las comisiones legislativas aquellos destructores vinculados al anterior gobierno o los que se identifican por conveniencia con este régimen pero que manejan su agenda propia de intereses, cuando en la Asamblea sí hay gente con buenos antecedentes?

¿Dónde está la agenda legislativa que impulse la aprobación de la ley de extensión de dominio que otros países tienen como una de las herramientas para combatir la corrupción? ¿La ley que permita proscribir definitivamente de la vida política a los corruptos que hayan sido sentenciados? ¿El nuevo Código del Trabajo para fomentar la producción y la productividad, la competitividad y la generación de puestos de trabajo?

¿Por qué no hay voluntad política para impulsar una reforma electoral de fondo, o afloran los intereses propios para dejar intocado el actual esquema con miras a los comicios del 2021? ¿Qué van hacer con el Consejo de Participación, que solo sirvió al anterior régimen para manejar todos los organismos de control y la justicia y que no luchó contra la corrupción, salvo las acciones emprendidas por el organismo transitorio que termina sus funciones? Hay que estar conscientes de que en política no hay santos, pero tiene que exigirse al menos transparencia, coherencia y que se actúe al servicio del país y no seguir sirviéndose del país. Basta de pactos vergonzosos solo con el fin de conseguir votos. ¿Pueden pactar con los corresponsables de la crisis, actores y protectores de la corrupción, y a la vez criticar este mal? Se debe estar pendiente de nuevas componendas.