Los grandes perdedores de la paralización -que se ha desarrollado con violencia, destrucción y vandalismo sin precedentes contra las personas, los bienes públicos y privados- son el país, el sector productivo, las fuentes de trabajo, la educación e incluso los servicios básicos, la salud, la tranquilidad y el orden público. Esto merece la condena firme de la mayoría de ecuatorianos y sus responsables tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. De por medio está la defensa de la democracia y la República, que ha sido de paz. No se puede, en nombre de uno o varios sectores, por respetables que sean, bloquear el desarrollo de la nación, que requiere más trabajo y producción. Se debe protestar pero civilizadamente.
El país tiene que reconocer al correísmo como el sector más dañino e irresponsable de esto, que gobernó una década y dejó a la Nación en crisis, cuyos mayores exponentes, a la cabeza el prófugo en Bélgica, están procesados por la justicia por corrupción, unos sentenciados y presos, otros fugados. Ellos ya advirtieron hace un año (lo anunció en Latacunga el ex canciller que escapó y está prófugo en México) que pasaban a la oposición combativa, que resultó conspirativa y atentatoria contra la democracia. Hoy tienen que responder por impulsar los actos vandálicos como fuera la toma de la Contraloría. Incluso, uno de sus asambleístas ha sido protagonista de la toma de un campo petrolero en la Amazonia. Por ello hay que identificarles como aquellos que quieren destrozar la patria por sus ambiciones personales.
No más falsos y demagogos populistas, que han engañado a la gente y que se creen con derecho de hacer lo que quieren cuando el país es de todos. No es posible que atenten contra el resto con el uso de bombas molotov, palos, piedras, con la participación de extranjeros que no tienen por qué hacerlo en nuestro país. ¿Quién les contrató? Por ello hay que procesarlos y mandarles a la cárcel para que respeten nuestro territorio, que les abrió las puertas y debieran ser agradecidos.
Cómo es posible que en las provincias centrales, indígenas se hayan tomado las plantas de tratamiento de agua, rompieron las tuberías y dejaron sin este servicio. Cómo es posible que la Cruz Roja tenga que suspender la atención pre hospitalaria por ataques y falta de garantías para que su personal humanitario pueda realizar su trabajo.
Cierto es que el sector indígena ha sido postergado por mucho tiempo y merece atención prioritaria con un plan integral agrícola de compensaciones. El agro ha estado abandonado, sin la presencia del Estado y eso refleja la situación de pobreza en la que viven. Eso no puede seguir.
Es la hora de impulsar un desarrollo equitativo, que no solo pasa por escucharles sino procesar sus demandas, pero que sea sin violencia sino con armonía y en paz.