Migración: beneficio de la protección

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Viernes 09 de agosto 2019

Verónica Falconí Jaramillo
Columnista invitada

Desde hace más de dos meses la familia de Zenaida (nombre protegido) llegó a Ecuador. Ella tiene 20 años y espera a su segundo hijo. Junto a su compañero, tomó la decisión de dejar Maracaibo porque no podía conseguir comida suficiente para su niña de dos años. Llegaron al Ecuador por Rumichaca, pasaron por Ibarra, estuvieron instalados en un portal de Cotocollao, en Quito, con unos colchones que les facilitaron los vecinos. Finalmente, Zenaida y su familia llegaron a Manta. Tienen expectativas de que ahí la situación será mejor. Están en el albergue de la Misión Scalabriniana por unos días.

Este caso refleja la situación de muchas personas venezolanas en situación de movilidad en Ecuador, que requieren atención prioritaria, por estar embarazadas o ser menores de edad, entre otros casos. Es nuestro deber protegerlos, porque es su derecho y porque además es conveniente hacerlo: la inserción económica y social de estas personas permite que contribuyan al bienestar de sus comunidades de acogida y del país entero.

Los desafíos son todavía grandes. Un monitoreo realizado a mediados del presente año por el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-Acnur, entre 5.374 personas en Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Cuenca, arroja que 3 de cada 10 venezolanos en situación de movilidad son niños. De aquellos, que viven ya más de un año en Ecuador, el 35% no va a la escuela. A menor tiempo de permanencia, las cifras de asistencia al sistema educativo caen.

El monitoreo también arroja que una de cada 5 mujeres está embarazada o en periodo de lactancia. A partir de mi experiencia, puedo decir que embarazadas y personas recién nacidas enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud por su situación de tránsito permanente, falta de información y condiciones de vida.

Ecuador precisa de información actualizada y exhaustiva sobre las personas venezolanas en situación de movilidad. El censo propuesto en días pasados por el Gobierno puede ser una respuesta, puesto que permitiría conocer más sobre las brechas en los servicios públicos, las oportunidades económicas, las necesidades para la inclusión. El análisis de la información requerirá de la participación de variados sectores, y a partir de ello se deberán tomar medidas.

Los sistemas de protección social deben ser robustos, de manera que permitan que nacionales y personas en situación de movilidad en territorio ecuatoriano ejerzan sus derechos y, además, contribuyan positivamente en lo social y económico. Zeneida y su familia deben poder realizar su proyecto de vida en beneficio de sí mismas, de las comunidades que las acogen y del Ecuador. Así ganan ella y el país en su conjunto.