Miedo al pueblo
El Gobierno ha convertido a la consulta popular en un fantasma. De abono de la democracia ha pasado a ser una plaga que amenaza con destruir la cosecha revolucionaria.
Desde la grandilocuencia oficial se parte del supuesto de que en estos siete años se han plantado las semillas de una nueva era. Si así fuera, no tendrían por qué temer una consulta popular en temas espinosos como la reelección indefinida o la defensa del Yasuní.
Que un gobierno empiece a desarrollar fobia a la voluntad popular no solo es preocupante, sino peligroso. Implica una desafección con la democracia y –más grave todavía– una incitación al despotismo. Nuestra sociedad no necesita de liderazgos fuertes, como afirmó el canciller Patiño en una reciente entrevista, sino de estadistas democráticos convencidos. De otro modo habríamos eternizado en el poder a Febres Cordero.
La idea de gobernar desde arriba es una mala costumbre y una tentación irresistible. Sobre todo en sociedades con una débil institucionalidad y un déficit histórico de ciudadanía. El mayor perjuicio que nos irrogó el neoliberalismo no fue el desmantelamiento del Estado, sino la descomposición del tejido social, porque es en esta instancia donde reside el verdadero potencial de la democracia. Sin una sociedad sólida y organizada, el Estado se convierte en un tutor abusivo.
La institucionalidad correísta surgida del manoseo de la Constitución apunta precisamente a esta relación de subordinación entre la sociedad y el Estado. Se prefieren los arreglos secretos promovidos en las madrigueras del poder antes que la incómoda y riesgosa participación ciudadana, a menos que esta refrende las decisiones e intenciones oficiales. Con esta lógica, la consulta popular funciona únicamente como aditamento de las agendas previamente acordadas y aseguradas por el Ejecutivo. Esto explica el empecinamiento del Régimen en resolver los dilemas de la explotación del Yasuní-ITT y de la reelección indefinida en las alturas institucionales del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. Es decir, de espaldas a un eventual pronunciamiento del pueblo. Así, la formalidad estatal reemplaza y anula toda legitimidad pública.
La muletilla del retorno de la derecha resulta insuficiente y ridícula a la hora de bloquear dos demandas que contienen un innegable contenido de izquierda. La defensa de la naturaleza se ubica hoy, a escala mundial, entre las agendas más avanzadas de la sociedad. Sobre todo de la juventud. Lo mismo ocurre con una concepción de la democracia alejada de caudillismos de toda laya, de liderazgos mesiánicos y de un falso fatalismo revolucionario. Al parecer, la dirigencia de Alianza País no se ha enterado de la última carta del subcomandante Marcos. O la ha condenado al Índex.
