Como en las peores horas del oscurantismo, una ministra de Estado con cartas rotuladas con el membrete oficial -que es pagado con la plata de todos- exige impedir la circulación y retirar los ejemplares ya vendidos de ‘El Gran Hermano’, bajo amenaza de acciones legales contra los autores, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.
Conozco personalmente a ambos periodistas. Su trabajo, escudriñando en los temas que los poderes de turno quieren ocultar, ha sido en el tiempo testimonio del mejor periodismo. Calderón y Zurita son reconocidos en la comunidad de los periodistas como personas serias y respetables. La investigación que suscitó la publicación de ‘El Gran Hermano’ fue aquella que reveló a la opinión pública nacional los detalles de los contratos y la red de empresas que comandaba el hermano del Presidente. Tras la denuncia de Expreso, todos los medios independientes del país se hicieron eco y publicaron versiones de las partes en conflicto.
La sensación es que las autoridades encargadas de investigar y adelantar procesos judiciales si hubiere habido lugar han actuado con lentitud y a un año y meses de la denuncia inicial pocos resultados se han exhibido.
Pero lo de fondo a propósito de la malhadada carta de la Ministra es ese afán que tiene el poder de controlarlo todo. Si en la edición del libro mencionado se cometieron errores, algo que pudo haber sucedido, se deberá rectificar y si es del caso proseguir con las acciones legales si algún perjudicado lo cree pertinente.
La prohibición de libros y su publicación, los listados y hasta el Índex y la quema de lecturas que los poderes consideraron peligrosas a sus puntos de vista filosóficos, doctrinarios y políticos recrea la peor época el oscurantismo y el totalitarismo de los fascismos que destrozaron las ideas de libertad.
Si ese camino vamos a seguir en el Ecuador con quienes publiquen libros incómodos para los poderes de turno, o con intentos de controlar y sancionar desde el poder al ejercicio libre del pensamiento, la expresión, la comunicación y prensa como se pretende con la inconveniente Ley de Comunicación, la democracia se sentirá herida.
El intento ministerial levanta el avispero y pone en alerta a los escritores y pensadores libres. Hay que evitar que bochornos de tal laya se repitan en el futuro.
El libro, por otra parte, no dice nada distinto a aquello que no se haya ventilado en los días posteriores a la denuncia publicada en Expreso y que conoció el país. Por el contrario quizá sistematiza los documentos y ordena el proceso de investigación y considero que debe ser un libro de estudio de aquellos interesados en las grandes denuncias periodísticas que se han escrito y de las que algunos de sus autores están estos días en Quito. Pese a la arrogante petición ministerial yo, por mi parte, no pienso devolver el libro que ya es un documento histórico.