Memoria en riesgo

En octubre del 2019 se destapó la caja de Pandora. Todos los males, uno por uno, salieron a flote. Unos recientes, otros olvidados. Lo más impactante fue la caída de la careta social apareciendo el rostro espectral del racismo. Pero también reaparecieron el regionalismo, el separatismo, la ignorancia sobre el Estado plurinacional y la crisis de la identidad nacional.
¿Qué es la ecuatorianidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos une? ¿De dónde venimos? Son preguntas existenciales luego del conflicto de octubre. Marginales grupos adelantan respuestas, expresando esencialismos a históricos, por lo que son acusados de trasnochados, pero que evidencian que algo peligroso se amasa en el país.

Brotan indigenismos ultra radicales y excluyentes, que legitiman su discurso y acción, apelando a la milenaria presencia de los pueblos originarios en estos territorios. Aparecen también “bandas blancas”, que a estas alturas del siglo XXI hacen loas a la monarquía española y a la conquista, en la idea de armar una “nueva derecha”, desempolvando un hispanismo, que en su momento se nutrió del hecho colonial, del neo darwinismo y del fascismo.

Son extremismos que manipulan la historia, la que a su vez experimenta debilidad debido a una prolongada marginación de las políticas y recursos públicos, lo que incide en una crisis, tanto como investigación histórica, cuanto como difusión o proceso educativo, a pesar del esfuerzo de universidades y de historiadores para sacarla adelante.

En medio de esto estalla, en las manos del Ministro de Cultura, una bomba, conocida y no enfrentada, desde el 2012 por sucesivas administraciones ministeriales. El edificio Aranjuez, que aloja varias colecciones de fuentes fundamentales para la investigación de la historia del Ecuador y América Latina, se encuentra en estado deplorable, en alto riesgo de colapso, constituyéndose en peligro inminente para funcionarios, investigadores y para las colecciones de libros, documentos, fotos, películas, y vestigios arqueológicos.

En estos días, una coalición de universidades, historiadores, arqueólogos, antropólogos, archivólogos, en un ambiente de diálogo, proponen al Ministro de Cultura, que para garantizar la velocidad en las soluciones técnicas y administrativas y la disponibilidad de recursos que el grave problema demanda, el Presidente emita un Decreto de emergencia. Que la reubicación de estos fondos sea en consenso sobre una base técnica. Que se invite al Alcalde de Quito a coparticipar de las soluciones. Que es necesaria la constitución de un comité consultivo y una veeduría que acompañen al Ministerio.

La apertura del ministro Velasco y la movilización de la academia son datos esperanzadores para recuperar uno de los laboratorios (archivos) donde se encuentra parte importante de la memoria que alimenta el conocimiento histórico, antídoto contra cualquier fundamentalismo.

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