El presidente de la República, Guillermo Lasso, acaba de firmar en días pasados un Memorandum de Entendimiento con el Sistema de Naciones Unidas para recibir apoyo en el ámbito de la lucha contra la corrupción.
A este respecto el presidente Lasso ha comentado que durante los últimos 14 años el Estado ha perdido aproximadamente 70 mil millones de dólares. Con estos recursos se podrían haber solucionado los problemas crónicos de desnutrición infantil, al igual que mejorar los indicadores de pobreza y pobreza extrema, marginalidad, hacinamiento, etc. Se han perdido preciados recursos que podrían haberse invertido en el área social, pero también en otros ámbitos que requiere el Ecuador como es educación, mejoramiento de los servicios de salud, saneamiento ambiental, vialidad, infraestructuras, etc.
De ahí que luchar contra la corrupción y la impunidad, así como el mejoramiento del funcionamiento de las instituciones del Estado bajo criterios de ética, probidad y transparencia, debería convertirse en una prioridad. En un objetivo estratégico permanente.
A nivel regional los índices de corrupción del Ecuador siguen siendo altos. De acuerdo a la organización Transparencia Internacional, nuestro país tiene una puntuación de 39 puntos sobre 100. Está en el puesto 92 de 180 países analizados.
Curiosamente los países en los cuales los índices de corrupción son mucho más bajos, las instituciones del Estado son más sólidas y existe una mejor “calidad de la democracia”.
¿Qué hacer para reducir los índices de corrupción? Crear una oficina o una secretaría de lucha contra la corrupción por parte del gobierno no es suficiente. Pese a tener el valioso apoyo del Sistema de Naciones Unidas. El gobierno del expresidente Correa creó una Secretaría Anticorrupción. De igual modo lo hizo el expresidente Moreno. ¿Qué pasó? Nada.
¿Qué garantiza entonces que lo propuesto ahora por Lasso sea diferente y arroje finalmente resultados positivos? La lucha contra la corrupción no puede ser un eje de la estrategia de imagen y comunicación de un gobierno. Implica un real convencimiento de lo que esto significa, así como compromiso, liderazgo y voluntad política.
Tras 42 años de retorno a la democracia y la sucesión de gobiernos en los cuales no necesariamente fueron probos y transparentes, el presidente Lasso puede marcar la diferencia.
Se requieren reformas. Por ejemplo, en el Código Integral Penal (COIP) deberían incluirse todos los delitos relacionados con la corrupción, así como el endurecimiento de penas; cambios en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento; reformar la Ley de Extinción de Dominio para que puedan instrumentarse de parte del Estado acciones eficaces para incautar los bienes y dinero proveniente de actividades ilícitas. A más de ello, fortalecer instituciones como la Fiscalía y la Contraloría, despolitizar la justicia, garantizar el derecho a la información, entre otros. La tarea es ardua. Hay muchísimo por hacer.