En una reciente declaración a los medios de su país, la responsable de las cuestiones latinoamericanas del Departamento de Estado de los EE.UU. sostuvo que en la Argentina existe “un intercambio saludable, abierto, en la prensa”, y que no se puede decir que “en la Argentina no haya una visión opositora en la prensa”. Tal afirmación es parcialmente correcta, en el sentido de que -pese a las innumerables intimidaciones y persecuciones de toda índole- todavía existe en la Argentina la posibilidad de tener distintas opiniones que los medios reproducen.
No se puede identificar fácilmente, en cambio, la noción de “crítica” ni la de difundir la verdad ni la de “pluralidad de ideas” con hacer “oposición”. Cuando un medio critica, no hace oposición, sino que cumple con su función republicana de denunciar errores de gobierno o arbitrariedades del poder, asegurando así la vigencia de la libertad de pensamiento, expresión e información, esenciales para la persona.
No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión e información, un derecho inalienable y no una concesión de las autoridades. Cuando se restringe la libertad de expresión no sólo se viola el derecho de un individuo, sino el de todos a gozar de la pluralidad de opiniones y a recibir libremente información. Es uno de los derechos humanos objeto de reconocimiento y protección por la Convención Americana de Derechos Humanos y uno de los elementos esenciales de la democracia.
No puede silenciarse que el Departamento de Estado de los EE.UU. y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hayan detallado con reiteración la existencia de toda suerte de amenazas y restricciones a la libertad de expresión en la Argentina. Lo mismo han hecho prácticamente todas las entidades internacionales o regionales de prensa: La Asociación Internacional de Reporteros sin Fronteras, la Asociación Internacional de Radiodifusión, el Foro de Periodismo Argentino, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa.
La Fundación Led publicó su ‘Informe de Medio Año’, en el que se describen los numerosos hechos de violencia institucional contra periodistas y medios de comunicación que “se suceden en un contexto donde el Gobierno promueve el dictado de normas con cláusulas posiblemente restrictivas para el ejercicio de la libertad de prensa(…)”.
Tampoco puede ignorarse el flagrante y reiterado incumplimiento por el Poder Ejecutivo de los fallos específicos de la Corte Suprema en materia de distribución de la publicidad oficial, que han sido olímpicamente ignorados, como si no hubieran sido dictados, en el caso de la Editorial Perfil y del diario Río Negro.